Santo Domingo.-El Ministerio Público mantiene este sábado los interrogatorios a las personas detenidas durante la segunda etapa de la investigación por el presunto fraude millonario contra el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), mientras avanza en la preparación de la solicitud de medidas de coerción.
De los 28 arrestados en esta fase del proceso, 13 fueron trasladados este sábado a la sede de la Procuraduría General de la República (PGR) para ser entrevistados por los investigadores.
Según el reporte desde el lugar, varios de los médicos investigados ya habían sido interrogados, mientras otros permanecían en las instalaciones a la espera de ser llamados, acompañados por sus abogados.
Los representantes legales indicaron que las entrevistas se han desarrollado de manera rápida y sin incidentes, mientras permanecen pendientes de que el Ministerio Público presente formalmente la solicitud de medidas de coerción.
El abogado Ramón Almarante, quien representa a una de las médicas investigadas, sostuvo que su clienta habría participado de buena fe y que está colaborando con las autoridades para contribuir al esclarecimiento del caso.
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De acuerdo con la explicación del jurista, una persona se habría puesto en contacto con su representada para informarle sobre un supuesto médico enfermo que requería la colaboración de otros profesionales, quienes facilitarían sus códigos para realizar reclamaciones.
La defensa reiteró que su representada habría sido utilizada sin conocer el alcance de las acciones investigadas y cuestionó que, previo a los arrestos, no se realizara una citación o notificación para que los profesionales ofrecieran su versión de los hechos.
Los abogados señalaron que varios de sus clientes todavía estaban pendientes de ser entrevistados al momento de ofrecer sus declaraciones.
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Esta segunda fase de la investigación incluye a médicos de diferentes especialidades, quienes son interrogados como parte de las pesquisas relacionadas con el presunto fraude en perjuicio de SeNaSa.
Ahora corresponde al Ministerio Público determinar si solicitará medidas de coerción contra los detenidos y establecer cuáles serían las imputaciones específicas para cada investigado, conforme a los elementos obtenidos durante las pesquisas.
