SANTO DOMINGO.- Miembros de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que tenían a cargo evaluar las supuestas irregularidades en la Cámara de Cuentas, se desligan del informe presentado este sábado que recomienda juicio político contra el pleno de ese organismo, tras acusar al partido de gobierno de querer utilizar esos puestos para negociaciones políticas.
La posibilidad de que los miembros de la Cámara de Cuentas vayan a un juicio político tras el informe de la comisión se pone cuesta arriba.
Desde ya legisladores que participaron en las investigaciones mostraron su desacuerdo a la decisión y acusan al partido gobernante de querer imponer una posición con fines de buscar acuerdos políticos.
Los legisladores aseguran que las documentaciones que manejan no son suficientes para motivar a un juicio político, sino sanciones, incluso algunos que son del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Pero el presidente de la Comisión salió al frente asegura que ellos solo se basaron en documentaciones que aportaron los propios miembros y que en la última reunión los que hoy están en desacuerdo debieron dejarlo plasmado.
De acogerse esa moción sería la tercera vez que en el país se realizaría un juicio político a funcionarios públicos y de elección popular.
Sin embargo, que pase necesita el voto favorable de las dos terceras partes de la matrícula, es decir, 127 de los 190.
En el artículo 80, de la Constitución, se establece que la persona destituida no podrá desempeñar ninguna función pública durante 10 años. Además, deja abierta la posibilidad de un sometimiento penal, si hubiese méritos, por lo que puede ser acusado ante los tribunales ordinarios.
Miembros de no descartan presentar un informe disidente ante el hemiciclo.
