Santo Domingo.-La Dirección General de Migración (DGM) informó que desvinculó a 263 empleados entre 2025 y lo que va de 2026, después de comprobar su colaboración en acciones que violan las normas institucionales, en el marco de un proceso más amplio de depuración y fortalecimiento operativo.
Las cancelaciones son consecuencia de 980 procesos de indagación administrativa ejecutados por la Dirección de Asuntos Internos. Asimismo, la entidad mantiene 185 casos bajo investigación activa, en tanto que otros 244 colaboradores fueron amonestados, 66 suspendidos y 123 trasladados como parte de medidas rígidas.
“Estos resultados evidencian un sistema activo de supervisión institucional, donde las investigaciones se desarrollan bajo criterios de objetividad, respeto al debido proceso y aplicación proporcional de las medidas correspondientes y las normativas del Ministerio de Administración Pública”, afirmó la DGM a través de una nota de prensa.
La institución señaló que, por el riguroso seguimiento que da a los procesos necesarios en los servicios migratorios a los ciudadanos, en aeropuertos, puertos y puntos de control en la frontera terrestre que están a cargo de la DGM, el año pasado, el Departamento de Investigaciones procesó 7,050 casos de fraude documental, 4,400 de suplantación de identidad, 850 casos de procesos migratorios y 185 casos de intentos de violación de impedimentos, sustentados en órdenes judiciales.
Además, Migración exhortó a la población a “colaborar con la notificación de cualquier irregularidad o presencia de asentamientos ilegales, así como de malas prácticas detectadas en las que se puedan ver envueltos miembros de la institución, a través del Call Center al número 809-508-2555, Opción 0, al Sistema Nacional de Atención Ciudadana marcando 311 o en la web 312 https://311.gob.do/todos-los-servicios/denuncia/, así como a través de las redes sociales institucionales o mediante el correo electrónico [email protected].
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Por su parte, la DGM reiteró que su política no tolerará cualquier tipo de acción que vaya en contra de la naturaleza y la misión para la cual fue creada la institución; y que mantiene una política de no hacer concesiones a favor de personas que estén en procesos de investigación por violación a la Ley 285-04.
En ese sentido, reafirma su disposición a mantener los operativos de interdicción migratoria a nivel nacional, así como los procesos de deportación de extranjeros en condición migratoria irregular, respetando los derechos humanos, la dignidad de las personas, así como la protección de sus propiedades en el marco de acciones éticas, responsables y transparentes”.
También reiteró “su compromiso de continuar fortaleciendo la ofensiva contra la presencia de migrantes en condición irregular en el país, asegurando que estas acciones se desarrollen dentro del marco de las disposiciones legales vigentes, con apego a los derechos humanos y a los principios de transparencia institucional».
