SANTO DOMINGO,.– Este viernes la procuradora general de la República, Miriam Germán, expresó preocupación de que solo 4 fiscalías del país concentren el 48% de los 280 fiscales con que cuenta el Ministerio Público, mientras otras 32 operen con el 52% restantes, creando un desequilibrio en el órgano acusador
Germán dijo que en una buena administración, se está obligado a hacer una adecuada distribución de los recursos y asegurar el servicio de todos los ciudadanos.
Para poner un ejemplo, la jefa del Ministerio Público sostuvo que hay provincias completas en la que solo operan cuatro fiscales, los cuales están solicitando traslado hacia las cuatro provincias más pobladas, creando desequilibrio en la distribución.
“¿Es posible seguir concentrando personas en los mismos lugares mientras otros están en condiciones inoperantes? ¿Seguimos ingresando fiscales que terminarán engrosando los mismos lugares?”, se cuestionó la magistrada al invitar a una “Reflexión sosegada y responsable sobre la carrera del Ministerio Público”.
La procuradora dijo que el Ministerio Público está afrontando una inadecuada planificación de ingreso a la carrera y de distribución interna de los fiscales, por lo que la solución no puede ser agravarlos.
¡Seamos conscientes de que nuestras actuaciones serán examinadas acuciosamente en investigaciones y auditorías, por fiscales y jueces rigurosos”, señaló.
Texto íntegro de la procuradora general
He querido reunirme hoy con ustedes para dialogar sobre asuntos que nos interesan y preocupan a todos, y que debemos abordar con la madurez, sensatez y honestidad que nuestras funciones demandan.
Considerar que nuestros problemas son financieros y que los trámites presupuestarios oportunos y los equipamientos, y condicionamientos materiales lo pueden solucionar todo, es no comprender la situación.
Quienes estamos en esta institución en posiciones de dirección, estamos obligados a respetar las leyes, normas, y reglas de la administración, este órgano que persigue su respeto, debe ser el primero en su cumplimiento. Asímismo, debemos conciliar las expectativas, necesidades y méritos de nuestros fiscales con las posibilidades institucionales, no solo, como ya mencioné, de recursos materiales que, paradójicamente, a veces son de más fácil solución, sino con las normativas legales que nos rigen.
En mi condición de presidenta del Consejo Superior del Ministerio Público, he presenciado la natural confrontación de estas perspectivas en la búsqueda de soluciones y respuestas a las demandas que ustedes plantean. Quiero invitarlos a participar en esta conversación, no en la habitual condición de solicitantes, sino en la de buscadores de soluciones; no de las simples y complacientes, sino de las verdaderas.
En los años previos a esta gestión se ejecutó un ingreso acelerado de fiscales a la carrera, hoy fiscalizadores, llegando a alcanzar los 497, excediendo y hasta duplicando los juzgados de paz, se desplazaron a todos los ámbitos de la institución.
Hoy ellos reclaman ser ascendidos, todos, por el tiempo, porque desempeñan tales o cuales funciones, por sus méritos. Su reclamo, válido en términos personales, debe ser ponderado con otras realidades que honestamente no podemos dejar de ver. Si bien en muchos lugares sus funciones responden a una necesidad real, en muchas otras es el resultado de las decisiones de sus titulares como lo atestiguan los reclamos de violación al principio de jerarquía que tenemos ante nosotros.
La Ley Orgánica plantea un diseño organizacional, que no se está respetando y este irrespeto sustenta muchas de las inconformidades manifestadas por ustedes, en esta situación yo les pregunto: ¿Qué hacemos? ¿Podemos pretender solucionar esas inconformidades con presupuesto y ascensos, sin reconocer que estamos actuando al margen de los principios que nos rigen? Esto puede resultar menos difícil, ¿pero es honesto?
Hemos reconocido que es necesario realizar ascensos; hay lugares donde sólo tenemos fiscalizadores, pero hay muchos otros donde tenemos procuradores fiscales y su posición no es considerada para la asignación de las funciones de la misma. Esto ha sido justificado de muchas formas, pero ninguna de estas justificaciones se corresponde con un ejercicio de liderazgo responsable y capaz.
Debemos tomar decisiones, no solo en atención a los reclamos que hoy analizamos sino con relación a las posiciones de carrera y sus atribuciones. ¿Solo tendremos fiscales? ¿Deberíamos plantearnos una reforma legal? ¿Podemos funcionar así al margen de nuestra Ley? ¿Esto no es importante?
En la posición de procuradores de corte de apelación, tenemos 280 fiscales y asignarles funciones se dificulta, lo que constituye un debate cotidiano. Esto coincide con las expectativas de procuradores fiscales que aspiran a ser ascendidos y cuyos méritos lo pueden justificar, pero quiero de nuevo apelar a su comprensión. ¿Podemos, con honestidad y transparencia, demandar recursos para producir ascensos a posiciones que no están vacantes?
Quiero finalmente compartirles otra situación preocupante, mientras cuatro fiscalías concentran el 48% de los fiscales, 32 operan con el 52% restante. Podemos plantear muchas razones para esto, pero en buena administración estamos obligados a hacer una adecuada distribución de los recursos y a asegurar el servicio a todos los ciudadanos.
Tenemos provincias completas que solo disponen de cuatro fiscales, y estos cuatro están solicitando traslado hacia las cuatro más pobladas. ¿Qué podemos responder a las demandas de fiscales que continuamente recibimos de las 32 menos beneficiadas?
¿Es posible seguir concentrando personas en los mismos lugares mientras otros están en condiciones inoperantes? ¿Seguimos ingresando fiscales que terminarán engrosando los mismos lugares?
Buscar soluciones a todos estos problemas, algunos con categoría de crisis, demanda la participación responsable y honesta de todos. Estamos afrontando una inadecuada planificación de ingreso a la carrera y de distribución interna de los fiscales, la solución no puede ser agravarlos. Seamos conscientes de que nuestras actuaciones serán examinadas acuciosamente en investigaciones y auditorías, por fiscales y jueces rigurosos.
Es cierto que muchos de estos problemas no los hemos creado nosotros, también que su carácter puede ser histórico, pero eso no nos excusa del cumplimiento de nuestras obligaciones respetando la Ley, la primera de todas, la nuestra. Por esto tendremos que rendir cuentas, la autonomía que nos confiere la Constitución, no nos excusa, más bien nos obliga.
Reitero que nuestros problemas no son solamente presupuestarios, también lo son de legalidad, de pertinencia, y de responsabilidad. Respeto profundamente el trabajo, las aspiraciones y expectativas de los miembros de la carrera del Ministerio Público, pero debemos todos recordar que las carreras profesionales son de largas distancias y resistencia, no de fuerza y velocidad.
Con estas palabras doy inicio a esta reflexión, la cual debe ser profunda, sosegada y responsable.
