Santo Domingo.- El Ministerio Público presentó acusación formal y solicitud de apertura a juicio contra 13 personas y cinco sociedades comerciales vinculadas a la estructura criminal desmantelada mediante la Operación Discovery 3.0, señalada por cometer estafas electrónicas y lavado de activos.
Los acusados son Kelvin Bladimir Vásquez Santana, Yliana María Cruz García, Bernardo Taveras Vélez, Jesús Manuel Castaños Colón, Adderly Antonio Polanco Báez, Juan Luis Naranjo Gómez, José Ramón López Tavárez (a) William el Técnico, Luis Eduardo Méndez Ureña, Gipsy Pamela Castaños García, Ana Marleny Estévez Díaz, Justa Vélez Genao, Miguel José Rodríguez Grullón y Natasha Yaleidy Rodríguez de Naranjo.
También fueron incluidas en la acusación las empresas Inversiones Dolores Santana Inverdosa (INVERDOSA), JLNG Terracell, Rodríguez Vásquez MK Comercial, INVERMEG y Qemert Pro Technology.
La acusación fue depositada ante el Juzgado de la Instrucción de Santiago por el director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Manuel Camacho; la titular de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, Ramona Nova Cabrera; la titular de la Fiscalía de Santiago, Quirsa Milagros Abreu Peña, y el fiscal Claudio Alberto Cordero Jiménez.
Camacho aseguró que el expediente contiene los elementos necesarios para demostrar cómo operaba la estructura criminal, las responsabilidades individuales y la ruta del dinero obtenido mediante las estafas.
Según el Ministerio Público, la organización combinaba estafa electrónica, crimen organizado y lavado de activos, utilizando tecnología, empresas, cuentas bancarias, bienes y terceros para ocultar los recursos obtenidos de las víctimas.
La estructura operaba principalmente en la zona norte de República Dominicana y mantenía conexiones con distintas ciudades de Estados Unidos. El esquema utilizaba centros de llamadas clandestinos, ingeniería social, suplantación de identidad, intimidación, sextorsión y falsas representaciones de autoridades o familiares, con especial énfasis en personas de edad avanzada.
El expediente establece que, después de obtener el dinero mediante las estafas, los recursos eran enviados hacia República Dominicana mediante transferencias bancarias, remesadoras, criptomonedas, intermediarios y terceros.
Posteriormente, el dinero era introducido al sistema económico a través de empresas, bienes inmuebles, vehículos y otras operaciones, con el objetivo de ocultar su origen.
La acusación identifica cuatro etapas del esquema criminal: captación de víctimas, fraude y suplantación, movilización del dinero y lavado de activos.
La investigación contó con la cooperación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos y el apoyo de la División Especial de Investigación de Crimen Organizado Internacional (Deicroi) de la Policía Nacional.
En el marco del proceso también fueron extraditados a Estados Unidos cuatro presuntos líderes de la estructura: Óscar Manuel Castaños García, Joel José Cruz Rodríguez, Edward José Puello García y Gerardo Heriberto Núñez Núñez, quienes enfrentan un proceso judicial en Boston, Massachusetts.
La investigación financiera identificó movimientos económicos y operaciones por montos millonarios entre los integrantes de la estructura, tanto personas físicas como jurídicas, además de un incremento patrimonial significativo durante el período 2022-2023.
De acuerdo con el expediente, fueron identificadas transacciones que oscilaron entre RD$12 millones y más de RD$120 millones, además de registros financieros superiores a RD$134.8 millones y acreditaciones bancarias que superaron los RD$20 millones en menos de un año.
El Ministerio Público sostiene que estos movimientos no guardaban relación con las actividades económicas ni con las fuentes lícitas de ingresos declaradas, por lo que considera que los acusados no podían justificar razonablemente esa capacidad financiera.
