Santo Domingo.- El Ministerio Público presentó ante el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional su acusación contra el exministro Donald Guerrero y compartes, procesados por hechos de corrupción administrativa que, según el órgano acusador, defraudaron al Estado con más de 19 mil millones de pesos en perjuicio de los contribuyentes.
La acusación fue presentada mediante un alegato de apertura por el procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público; Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (PEPCA), y los fiscales litigantes Rosa Ysabel, Miguel Collado, Miguel Crucey, Jhensy Víctor, Melbin Romero, Rosa Alba García, Arolin Lemos y Elvira Rodríguez.
Las conclusiones de la acusación fueron presentadas por la procuradora Ortiz, quien indicó al tribunal cómo las pruebas colectadas por el órgano acusador demostrarán, según el Ministerio Público, las metodologías empleadas por los acusados para cometer los delitos.
“El Ministerio Público en el día de hoy ha presentado su acusación al tribunal, demostrando que esta estructura criminal utilizó el Estado como instrumento, la corrupción como método y el lucro para enriquecerse y permanecer en el poder”, dijo Mirna Ortiz.
“Eso demostró cada línea de investigación que presentamos en esta acusación, que fueron acompañadas con referencias directas a las pruebas testimoniales y periciales que vamos a presentar durante todo este proceso”, añadió Ortiz, al tiempo de valorar la cantidad de pruebas que acompañan el expediente acusatorio.
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“Indiscutiblemente, frente a la contundencia de estas pruebas, este tribunal tendrá que condenar a cada uno de los imputados con las penas que, en su momento, vamos a solicitar”, dijo.
“El Ministerio Público sigue investigando, seguimos avanzando, ustedes saben que las investigaciones no se agotan en un solo proceso, y más adelante veremos”, expresó.
Al presentar las conclusiones de la acusación, Ortiz dijo que el método que utilizaron para lavar el dinero, según la acusación, fue sencillo.
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“Desde diferentes posiciones con distintos niveles de intervención y garantías participaron en una estructura que obtuvo recursos públicos mediante diferentes mecanismos fraudulentos descritos en cada una de las intervenciones”, dijo.
Entre esos mecanismos, señaló la irregularidad de los pagos por expropiación, los reconocimientos de deudas sin lícita causa y las cesiones de créditos fraudulentas, además de otras operaciones que posteriormente ejecutaban mediante ocultamiento, simulación y encubrimiento del origen y la naturaleza de esos fondos.
“Para lograrlo se utilizaron personas físicas como prestanombres y sociedades comerciales que se desvanecieron, inmediatamente, lograron su fin”, agregó.
“El Ministerio Público demostrará que determinadas cesiones de créditos fueron utilizadas para transferir fondos públicos a personas y sociedades que no eran los verdaderos destinatarios”, explicó.
“Una vez obtenido el dinero, el fin último es poder integrarlo y poder utilizarlo como un bien adquirido de manera lícita. Por eso, el último paso consistía en incorporar recursos al patrimonio de los beneficiarios y utilizarlos en actividades políticas que, evidentemente, no admitían una declaración ante la Junta Central Electoral del origen de estos bienes”, expuso sobre la estructura que adquirió bienes muebles e inmuebles.
“El Ministerio Público está seguro y convencido de que una vez producidas estas pruebas ante este tribunal, escuchados los testigos, testigos que no solo percibieron el hecho a través de sus sentidos, sino testigos que en muchos casos formaron parte de la organización criminal misma; producidas las experticias y los testimonios de los peritos, llegará a una única e inequívoca decisión, que es mantener y establecer la responsabilidad penal que sobre todos y cada uno de estos encartados pesa conforme a nuestra acusación”, sostuvo.
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Las juezas Arlin Ventura Jiménez (presidenta), Leticia Martínez y Evelyn Rodríguez, del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, aplazaron la audiencia para el próximo 24 de septiembre de 2026, a las 9:00 de la mañana.
En mayo, miembros de la estructura fueron enviados a juicio
El pasado mes de mayo, el Ministerio Público obtuvo apertura a juicio contra 35 de 40 acusados de corrupción en el expediente derivado de la Operación Calamar, entre ellos, el exministro de Hacienda, Ángel Donald Guerrero Ortiz; el abogado Ángel Lockward; el excontralor Daniel Omar de Jesús Camacho Santana; el exdirector del CEA Luis Miguel Piccirillo Mccabe; el director de Catastro Claudio Silver Peña, y el exdirector de Casinos Julián Omar Fernández Figueroa.
Mientras que fue apelado el auto de no ha lugar dictado en favor de los exministros José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo Terrero, así como otros tres acusados, debido a que, según el Ministerio Público, el tribunal incurrió en una errónea apreciación de varias pruebas.
Entre los enviados a juicio también se encuentran Princesa Alexandra García Medina, Luis Miguel Piccirilo, Yahaira Brito Evangelista, Edwin Oscar Brito, Mabel Mejía, Nathaly Hernández Guzmán, Kimberly Zayas Martínez, Marino Cabrera y Agustín Mejía Ávila.
También, César Santana, Omar Miqui Arias, Claudio Silver Peña, Alejandro Constanzo Sosa, Juan Tomás Polanco Céspedes y Julián Omar Fernández Figueroa.
