República Dominicana. -El Ministerio Público solicitará ante la Jurisdicción de Atención Permanente al prófugo dominicano Alain José Gómez Luna, acusado de estafar a un grupo de personas con más de 283 millones de pesos y entregado en extradición por las autoridades de Rusia.
Gómez está implicado en haber incurrido junto a otras personas, en estafa, falsificación y uso de documentos de comercio falsos y asociación de malhechores para falsificar.
El Departamento de Extradiciones del Ministerio Público, que dirige la procuradora de corte Gisela Cueto, ponderó la importancia de la cooperación jurídica internacional en la lucha contra los delitos, ya sea que se cometan en un ámbito nacional o que tengan alcance internacional.
El proceso contra Gómez Luna lo lleva la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros del Ministerio Público, que encabeza la fiscal Karina Concepción, unidad que solicitó la extradición.
Al dominicano se le imputa haber incurrido, junto a otras personas, en estafa, falsificación y uso de documentos de comercio falsos y asociación de malhechores para falsificar.
También, de lavado de activos y asociación para cometer ese delito.
El imputado huyó de República Dominicana el 17 de marzo de 2020 por el Aeropuerto Internacional Joaquín Balaguer, con destino a Cuba.
Desde la vecina isla, partió a Rusia, el 5 de junio, en donde fue apresado en agosto de 2021, después de permanecer prófugo por más de un año.
La Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros del Ministerio Público inició sus acciones contra el imputado ante la Procuraduría General de la Federación Rusa, a través de la Embajada de República Dominicana en ese país, tras ejecutarse su detención en esa nación.
Gómez Luna, en asociación con otras personas, utilizó las sociedades comerciales Mercabanc, C. por A., Metrocrédito, S.R.L., y Metrocar, S.A.S., para hacer creer a las víctimas que esas firmas poseían la autorización de las autoridades monetarias de República Dominicana para realizar actividades de intermediación financiera.
Sin embargo, las evidencias indican que ni el investigado, ni las sociedades referidas poseían la autorización del Estado dominicano.
En el caso figuran como imputados, además del extraditado, Aida Ramos y Ricardo Munné.
El Ministerio Público otorgó al caso la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 147, 148, 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano, así como también en los artículos 473 y 478 de la Ley 479-08, sobre Sociedades Comerciales.
Se les imputa además la violación a los artículos 351.3.i y 351.4 de la Ley 249-17, sobre Mercado de Valores; el 3.1 y 3.2 de la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y el artículo 3, letras a y b.1, de la antigua Ley 72-02, sobre Lavado de Activos Provenientes del Narcotráfico y otras Infracciones Graves.
