SANTO DOMINGO, RD- El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional acogió la solicitud del Ministerio Público y le otorgó una prórroga de tres meses para presentar la acusación formal en contra del exprocurador general Jean Alain Rodríguez y los demás involucrados en la red de corrupción administrativa desarticulada con la Operación Medusa.
El procurador adjunto Wilson Camacho explicó que el tribunal otorgó al Ministerio Público la prórroga que solicitó y mantiene las medidas de coerción al exprocurador Rodríguez y al exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra, quienes cumplen prisión preventiva.
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“Esto es una muestra de que el tribunal ha entendido la complejidad, la amplitud de este caso y la necesidad de que el Ministerio Público cuente con el tiempo suficiente para desarrollar todas las líneas de investigación que tiene pendientes y presentarla en una acusación como un caso blindado”, expuso el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Desde el mes de julio del año pasado, cumplen 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, el exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez, el exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra, y el exdirector administrativo, Jonathan Joel Rodríguez Imbert.
La ingeniera Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos, cumple arresto domiciliario, al igual que los ex subdirectores administrativos Alfredo Alexander Solano Augusto y Altagracia Guillén Calzado, así como Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad.
El proceso también se sigue contra el exasesor Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica de un millón de pesos en modalidad de contrato con compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica.
Igualmente, involucra a Rafael Stefano Canó Sacco, el exjefe de Gabinete del exprocurador Rodríguez Sánchez, quien fue arrestado en España el pasado año y se solicitó su entrega a República Dominicana.
El órgano persecutor de la corrupción administrativa les imputa la violación a los artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal, que describen y sancionan la coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado, entre otras normas.
