MP varía la solicitud de medida de coerción de Ángel Lockward por arresto domiciliario
SANTO DOMINGO.- Álvaro Cabrera, abogado de unos de los implicados en el caso Operación Calamar, expresó que el Ministerio Público varió la solicitud de medida de coerción contra el imputado Ángel Lockward que consiste en arresto domiciliario, impedimento de salida y garantía económica, en vez de prisión preventiva.
Sin embargo, el representante de Lockward, Norberto Rondón, no quiso confirmar sobre supuestos acuerdos entre su cliente y el Ministerio Público.
View this post on Instagram
El abogado Ángel Lockward es uno de los acusados en esta investigación, y se le imputan varios cargos relacionados con actos de corrupción. Según los informes, Lockward habría recibido sobornos para influir en la adjudicación de contratos públicos en beneficio de determinadas empresas.
En particular, se le acusa de haber recibido un soborno de 2.5 millones de dólares por parte de la empresa brasileña Odebrecht, a cambio de influir en la asignación de contratos para la construcción de la Termoeléctrica Punta Catalina. También se le acusa de haber recibido otros sobornos de otras empresas constructoras.
El Ministerio Público concluyó con la presentación del caso y que las defensas inicien sus alegatos.
Los principales imputados son los ministros durante la administración de Danilo Medina Gonzalo Castillo (Obras Públicas y candidato presidencial en 2020), Donald Guerrero (Hacienda) y José Ramón Peralta (Administrativo de la Presidencia).
View this post on Instagram
Además, entre los veinte detenidos el 18 y el 19 de marzo figuran el antiguo contralor general de la República Daniel Omar Caamaño, el que fuera director del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) Luis Miguel Piccirilo, el exdirector de Catastro Nacional Claudio Silver Peña, los antiguos directores de Casinos y Juego de Azar Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández y el abogado y economista Ángel Lockward.
El supuesto entramado de corrupción privó a los contribuyentes de más de 19.000 millones de pesos dominicanos (más de 345 millones dólares al cambio actual) y afectó a varias instituciones, entre ellas el Ministerio de Hacienda, según la Fiscalía.
La instrumentalización del caso se inició formalmente el pasado miércoles tras dos aplazamientos en el Palacio de Justicia de la capital dominicana, cuya seguridad se redobló este viernes como medida de precaución tras los enfrentamientos anteriores entre agentes y militantes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), formación opositora a la que pertenece la mayoría de los imputados.
