Santo Domingo.- Después de las acciones desplegadas en el Operativo “Garantía de Paz,” las autoridades entregaron esta tarde más de 150 bocinas de distintos tipos, ocupadas en centros de diversión y espacios públicos del Distrito Nacional, donde causaban contaminación sónica.
La entrega de los equipos fue encabezada por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, junto al subdirector general de la Policía Nacional, general Juan Hilario Guzmán Badía, en representación del director general de la institución, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta.
Estos equipos fueron incautados en los últimos 45 días tras sorprender a sus propietarios en flagrante delito. Los operativos fueron liderados por el titular de la Dirección Regional Central del Distrito, general Frank De los Santos Encarnación.
En representación del Ministerio Público, recibieron las bocinas y demás equipos el magistrado Francisco Contreras, procurador general de corte y titular de la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Awilda Balbuena, procuradora de corte y directora de la Procuraduría del Medio Ambiente del Distrito; y el magistrado Rafael Brown Herrera, procurador fiscal del Distrito Nacional y titular de las Fiscalías Comunitarias, en representación de la fiscal del Distrito, Rosalba Ramos.
Al dirigirse a los presentes, la ministra de Interior y Policía destacó que estas acciones representan el compromiso de las autoridades en mantener la paz y la tranquilidad para toda la ciudadanía.
“Esta iniciativa ha tenido un impacto favorable, especialmente en el combate contra la contaminación sónica,” expresó la ministra Raful.
Equipos ocupados
Durante este operativo, se incautaron un total de 165 bocinas de distintos tipos, de las cuales 89 son bocinas “kitipo,” 46 bocinas de bajo y 30 bocinas Bluetooth.
Además, en el mismo período, fueron sometidas a la justicia 115 personas con asuntos legales pendientes.
Los propietarios de los equipos ocupados deberán agotar un proceso para recuperar sus pertenencias, que incluye el pago de una multa a través del Banco de Reservas y, posteriormente, la gestión en las oficinas de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
