REDACCIÓN- La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) rechaza rotundamente el fallo emitido por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, en que “certifica” el material electoral supuestamente peritado y “convalida categóricamente” los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), con base en los cuales declaró ganador a Nicolás Maduro en la Elección Presidencial del 28 de julio de 2024.
La Secretaría General reitera que el CNE proclamó a Maduro de manera apresurada, con base en un boletín parcial emitido de forma oral, con números que evidenciaban imposibilidades matemáticas y sin presentar los resultados desagregados que, conforme con la ley, debe tabular mesa por mesa. Al día de hoy, el CNE continúa sin publicar resultados desglosados, como sí lo ha hecho la oposición con base en actas oficiales emitidas por las propias máquinas de votación el día de la elección. Dichas actas contienen todos los dispositivos de seguridad que las acreditan como auténticas y han sido sometidas a la verificación de la opinión pública y al análisis imparcial de expertos nacionales e internacionales. Esa apertura contrasta con la total opacidad de la autoridad electoral y del TSJ, cuyo comportamiento se ha caracterizado por la promoción de teorías de la conspiración y la emisión de anuncios y declaraciones sin ningún respaldo documental, rehuyendo, en todo momento, al escrutinio ciudadano y a la verificación imparcial.
Conforme con el informe del Panel de Expertos Electorales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) “el anuncio del resultado de una elección sin la publicación de sus detalles o la divulgación de resultados tabulados a los candidatos no tiene precedente en elecciones democráticas contemporáneas” y tuvo “un impacto negativo en la confianza del resultado anunciado por el CNE”. El panel subrayó la ausencia de procedimientos adecuados para garantizar la integridad y seguridad de los materiales electorales, evidenciando una falta notable de transparencia y accesibilidad en las actividades electorales, lo que impidió la supervisión pública efectiva.
El TSJ ahora emite una sentencia sin revelar los argumentos de la parte recurrente, sin analizar la legitimación activa o pasiva del recurso presentado, sin detallar los elementos técnicos que la persuadieron sobre la supuesta autenticidad de las actas que el CNE dice haber consignado en sus estrados y sin explicar con base en qué criterios o evidencias da por un hecho el “ataque cibernético masivo” contra el sistema electoral venezolano. Se desconoce la identidad de la parte recurrida, el acto recurrido salvo que se trate de la propia proclamación de Nicolás Maduroo los fundamentos de hecho y de derecho que dieron lugar al recurso. Resulta paradójico, además, que el CNE argumente que se encuentra imposibilitado para publicar los resultados mesa por mesa, pero al mismo tiempo está en capacidad de consignarlos ante el TSJ.
Esta Secretaría General reitera que no existe en el ordenamiento jurídico venezolano procedimiento alguno que permita a la autoridad electoral “investigar y verificar” los resultados, ni realizar peritajes a los mismos. Tanto la Ley Orgánica de Procesos Electorales como la Ley Orgánica del Poder Electoral le atribuyen exclusivamente al CNE la función de totalizar, adjudicar y proclamar los resultados de la elección presidencial.
La Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) indicó que tanto el TSJ como el CNE carecen de imparcialidad e independencia, y han desempeñado un papel dentro de la maquinaria represiva del Estado. Otros organismos internacionales, incluyendo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Comisión Internacional de Juristas han advertido sobre la falta de independencia del TSJ. Por su parte, el Informe Final de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea de 2021 declaró que tanto el CNE como el poder judicial son percibidos como “politizados y parciales”, lo que ha significado la pérdida de confianza en el proceso contencioso electoral.
Resulta a todas luces evidente que Nicolás Maduro judicializó el proceso electoral con miras a buscar un sello de “legitimidad” por parte de un tribunal parcializado. Un presidente no legítimo busca “legitimidad” en poderes del Estado que dependen de él. Burdo.
Reconocer como válidos los resultados del CNE con base en la sentencia del TSJ es convalidar un fraude electoral y dar la espalda al pueblo venezolano que, en medio de una brutal ola de represión, ha continuado reclamando por su derecho a vivir en libertad.
Era ridículo esperar que el TSJ ilegitimo venezolano impartiera justicia en el proceso electoral venezolano y actuara conforme a derecho, respetando el Estado de Derecho Democrático ya que el mismo es completamente inexistente en el país desde hace muchos años. Esperar bajo la inacción de la complementariedad respecto a este sistema judicial que falla completamente a sus obligaciones internacionales es prestarse nuevamente a las burlas del régimen bolivariano, quien sea que quiera hacerlo.
Era, asimismo, impensable esperar que el CNE venezolano hiciera elecciones libres, justas y transparentes, o que, aún fuera de ese marco, tuviera la mínima decencia para otorgar los resultados con un sentido, aunque sea ínfimo de justicia.
Este régimen no está dispuesto a entregar el poder, no está siquiera dispuesto a compartirlo. Para esta Secretaría General siempre fue así, y quedó demostrado cuando sugerimos algún esquema de coparticipación. La indiferencia del régimen a esa propuesta dejaba en claro que el camino del diálogo para una transición electoral estaría plagado de artimañas. Y lo estuvo.
Si antes era impensable, hoy esperamos que quede claro que es ridículo confiar en que el régimen pueda cumplir acuerdos. Nada. Solo la indecencia absoluta de dar un resultado que no es verificable de ninguna manera. Con un simple análisis de este contexto era, asimismo, ridículo esperar que el régimen venezolano hiciera una transición hacia la democracia y el respeto a los Derechos Humanos. Al contrario, debíamos esperar más represión y más persecución política.
Saludamos al pueblo venezolano, que aún en las peores condiciones políticas, sociales y económicas, sufriendo la peor crisis humanitaria y la peor crisis migratoria de la historia hemisférica, todavía sigue teniendo reflejos democráticos y sigue creando alternativas democráticas. Ustedes, venezolanas y venezolanos, merecen todo nuestro respeto.
Lamentablemente, por Venezuela y los venezolanos, hemos tenido que repetir las advertencias que hemos hecho tantas veces durante los últimos diez años. Lamentablemente el régimen, que se ha burlado de tanto y tantos, nos ha dado nuevamente la razón, como tantas otras veces en el pasado.
El único camino para Venezuela es el de la Justicia Internacional de la Corte Penal Internacional. Seguiremos insistiendo con este instrumento porque las víctimas y familiares de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales, las víctimas de la tortura, las víctimas y familiares de las víctimas de desaparecidos y perseguidos políticos merecen justicia. Estas víctimas han sufrido diez años de un régimen dictatorial que actúa bajo las más absoluta impunidad nacional e internacional. Continuaremos nuestras acciones para que esta impunidad se termine.
