Santo Domingo.- El senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, colocó nuevamente el impacto de la migración haitiana en el sistema educativo dominicano en el centro del debate, al advertir que la matrícula de estudiantes haitianos en las escuelas pasó de poco más de 25,000 en 2007 a más de 205,000 en 2025.
A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Fernández sostuvo que ese crecimiento representa un aumento de 716 % en 17 años y afirmó que la proporción pasó de aproximadamente un estudiante haitiano por cada 100 dominicanos a uno por cada 13.
El legislador consideró que las cifras deben generar una discusión sobre la capacidad del Estado para planificar y garantizar los servicios públicos frente al crecimiento de la población migrante. “Ese número en sí mismo es una alarma”, afirmó Fernández, quien aclaró que el derecho a la educación está reconocido por la Constitución, pero sostuvo que esto debe ir acompañado de una política migratoria que permita al Estado determinar quién entra al territorio, bajo qué condiciones y cuánto tiempo permanece en el país.
El senador señaló que el crecimiento de la matrícula haitiana se produce paralelamente a una reducción de estudiantes dominicanos en las escuelas públicas. Según los datos que presentó, mientras se incorporaron más de 180,000 estudiantes haitianos al sistema educativo en ese período, unos 141,500 estudiantes dominicanos dejaron de estar matriculados.
Fernández planteó que esa situación genera interrogantes sobre la planificación educativa y la capacidad de las escuelas para responder a la demanda. “¿Cómo puede haber menos estudiantes dominicanos, menos matrícula pública y al mismo tiempo cada vez más niños sin cupo?”, cuestionó.
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El legislador también hizo referencia al programa mediante el cual el Estado entrega bonos o cupones para cubrir temporalmente el costo de la matrícula de estudiantes que no encuentran espacio en los centros educativos públicos.
Según Fernández, tres años después de que se anunciara ese plan transitorio, se triplicó la cantidad de estudiantes sin cupo y, en consecuencia, el gasto destinado a esos bonos. A su juicio, esta situación representa una señal de problemas de planificación que terminan trasladando recursos públicos hacia colegios privados para cubrir una demanda que las escuelas estatales no estarían en condiciones de absorber.
