SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público puso en marcha la Operación Cobra 2.0-A, una nueva fase de la investigación contra una presunta estructura integrada por exempleados del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), médicos y otras personas, señaladas de defraudar a la ARS pública por miles de millones de pesos.
De acuerdo con el procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público, fueron realizados 37 allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega. Como resultado, al menos 28 personas fueron arrestadas.
Durante los operativos, las autoridades ocuparon dinero en efectivo, bienes, vehículos y armas de fuego. La investigación es encabezada por equipos de la PEPCA, bajo la dirección de la procuradora de corte Mirna Ortiz, junto a otras unidades del Ministerio Público. Según Camacho, la operación busca procesar a quienes habrían utilizado el sistema de salud para sustraer fondos públicos y afectar tanto al Estado como a los afiliados de SeNaSa.
En esta nueva fase participan 45 fiscales, 200 agentes de la Policía Nacional y 16 miembros de la Unidad de Investigaciones Criminales. En las labores investigativas también colaboró la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI), bajo la dirección del Ministerio Público.
Los equipos de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), bajo la dirección de la procuradora de corte Mirna Ortiz, junto a otras unidades del Ministerio Público, han desarrollado las diligencias para identificar a los integrantes de la presunta estructura y establecer las responsabilidades penales correspondientes.
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Durante los allanamientos, las autoridades ocuparon bienes, dinero en efectivo, vehículos y armas de fuego. De acuerdo con el Ministerio Público, entre los objetivos de esta fase está procesar a médicos que presuntamente habrían participado en maniobras fraudulentas que no solo afectaron los recursos públicos, sino también los servicios de salud dirigidos a sectores vulnerables.
El proceso penal
La investigación tiene como antecedente la primera etapa de la Operación Cobra, en la que el Ministerio Público arrestó a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa, señalado por el órgano acusador como cabecilla del entramado.
También fueron procesados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speakler Mateo.
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El pasado 5 de agosto, el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó la prisión preventiva de 18 meses impuesta a Hazim Albainy y a los demás procesados. Ada Ledesma Ubiera cumple la misma medida en arresto domiciliario, luego de que su coerción fuera variada por razones de salud el pasado 16 de julio.
El proceso también alcanza a Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, quienes cumplen medidas de coerción consistentes en arresto domiciliario, garantías económicas e impedimento de salida del país.
Por el caso también es procesado Ángel Luis Guzmán Vásquez, a quien el pasado 30 de julio el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional le ratificó la prisión preventiva de 18 meses impuesta en mayo.
El Ministerio Público sostiene que el entramado habría operado mediante diferentes mecanismos para distraer recursos del patrimonio público y afectar a los afiliados del Seguro Nacional de Salud.
A los procesados se les imputan, entre otros delitos, coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
Durante la investigación, el órgano acusador asegura haber recopilado evidencias sobre presuntos sobornos a gran escala, adulteración de estados financieros y programas especiales sin sustentos jurídicos, que habrían sido utilizados para distraer fondos mediante maniobras fraudulentas.
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Operación Onco14
Como parte de las líneas de investigación vinculadas a este entramado, el Ministerio Público también puso en marcha el pasado mes de junio la Operación Onco14, que llevó al arresto de tres personas señaladas de formar parte de una estructura que habría utilizado al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer para realizar maniobras fraudulentas que afectaron al Instituto Oncológico Regional del Cibao, a pacientes con cáncer y al SeNaSa.
Por este caso fueron arrestados Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del Instituto Oncológico Regional del Cibao; su esposa Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida; y su exesposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez, quien ocupó funciones administrativas y de auditoría en el patronato.
El caso fue declarado complejo y Lora Cruceta y Guzmán fueron enviados a prisión, mientras Vargas Sánchez cumple arresto domiciliario.
Según la investigación, los imputados y las razones sociales Vargas Lora & Asociados, actualmente Vargas Guzmán Accounting Center, y la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida, habrían utilizado distintos mecanismos para sustraer fondos.
Entre las maniobras investigadas figuran fraude clínico y farmacéutico, modificación de indicaciones médicas, uso de sellos médicos falsos, doble facturación al SeNaSa y entrega incompleta de medicamentos.
También se investigan la presunta venta de medicamentos donados, contrabando mediante exoneraciones fiscales, tráfico de sustancias controladas y otras irregularidades relacionadas con la administración de recursos destinados a pacientes con cáncer.
El expediente incluye además señalamientos sobre el supuesto uso de habitaciones del Instituto Oncológico Regional del Cibao para cirugías estéticas, gastos de representación considerados ilegítimos, reembolsos fraudulentos de viajes y hoteles, sabotaje digital, robo de archivos y lavado de activos.
De acuerdo con el Ministerio Público, los investigados habrían sobornado a distribuidoras de medicamentos y creado la Fundación Tócate para presuntamente distraer fondos y cobrar al SeNaSa por servicios y medicamentos que no habrían sido suministrados a pacientes.
La investigación también señala como mecanismo de distracción de recursos la presunta autoasignación de salarios, viáticos y otros beneficios que no corresponderían al personal de este tipo de entidades.
El Ministerio Público sostiene que estas investigaciones forman parte de las acciones para determinar el alcance de una presunta estructura que habría utilizado diferentes mecanismos para defraudar al Estado y afectar los recursos destinados a la atención de los afiliados del SeNaSa.
