SANTO DOMINGO.-Los operadores de juegos de azar en República Dominicana deberán realizar ajustes en sus estructuras, procesos de cumplimiento y plataformas tecnológicas ante los cambios contemplados en el proyecto de ley que regula este sector, aprobado por el Congreso Nacional y pendiente de decisión del Poder Ejecutivo.
La abogada y especialista en regulación de juegos de azar, Yamile Gutiérrez, señaló que entre las principales modificaciones figura la creación de la Dirección General de Juegos de Azar (DGJA), que asumiría funciones de fiscalización bajo el nuevo marco regulatorio.
De acuerdo con Gutiérrez, los operadores que ya se encuentran activos dispondrían de un plazo de un año para adecuarse a las nuevas disposiciones, actualizar su documentación y realizar las conexiones tecnológicas requeridas. En el caso de las concesionarias de loterías electrónicas con contratos estatales, estas deberán sustituirlos por una nueva licencia dentro del mismo período.
La propuesta también contempla mayores controles sobre la estructura corporativa de las empresas, incluyendo la identificación de accionistas, administradores y beneficiarios finales. Asimismo, las operaciones de juegos de azar por internet quedarían sujetas a licencias y mecanismos de control para prevenir actividades no autorizadas.
El proyecto establece diferentes períodos de vigencia para las licencias: tres años para los bingos; cinco años para bancas de lotería, juegos virtuales y agencias hípicas; y diez años para casinos, bancas deportivas, tragamonedas y juegos de azar por internet.
More Read
Otro de los aspectos incluidos es el denominado juego responsable, con medidas dirigidas a la protección de menores de edad y la prevención de conductas asociadas a la adicción al juego, además de avisos obligatorios en los establecimientos.
Gutiérrez también llamó la atención sobre el régimen sancionador previsto en la iniciativa, que contempla multas administrativas y otras consecuencias legales, incluyendo penas de prisión de hasta 10 años para directivos y accionistas en determinados casos de incumplimiento.
La especialista sostuvo que los operadores deberían revisar desde ahora su situación regulatoria y determinar los cambios necesarios para ajustarse al nuevo marco, en caso de que la legislación entre en vigencia.
