El magistrado, ordenó a la Fiscalía que entregue a la defensa de Maduro los documentos, objetos e información que forman parte del caso, pero los clasificó en varias categorías de riesgo para el proceso y estableció límites para cada uno.
Señala que la Fiscalía debe entregar el «material exculpatorio y de impugnación», pero reconoce que puede afectar a la privacidad personal, perjudicar investigaciones a personas no acusadas aún o generar publicidad que perjudique al caso, entre otras cosas.
En ese sentido, ordena que los acusados o sus abogados no divulguen las pruebas generales que la Fiscalía entregue a la defensa, ni las publiquen en internet o las filtren a los medios.
El juez especifica también que la Fiscalía le notificó que parte de la información está «almacenada electrónicamente» y la obtuvieron de Maduro y su esposa, Cilia Flores, mediante órdenes judiciales durante la investigación, «de varias computadoras, celulares y otros dispositivos».
