Redacción.- La presidenta de la organización de derechos humanos Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA), Carolina Jiménez Sandoval, aseguró que el “modelo Bukele” contra las pandillas en El Salvador “no es la solución” a los problemas de criminalidad de América Latina.
Jiménez Sandoval expresó la preocupación de la organización porque, según dijo, “muchos gobiernos están, hoy en día, bastante interesados en replicar algunos modelos de seguridad, en específico como es el caso del llamado modelo Bukele”.
La presidenta de la WOLA se refiere a la estrategia de seguridad basada en un régimen de excepción, que recientemente cumplió dos años de implementación, con el que el presidente Nayib Bukele ha declarado una “guerra contra las pandillas”.
La medida de excepción, que se ha convertido en la principal y única acción de seguridad contra estas bandas, ha contribuido a disminuir los homicidios en el país centroamericano, elevó la popularidad de Bukele pero es señalada, por ONG nacionales e internacionales, de violar derechos humanos.
“El modelo Bukele se basa en una práctica muy preocupante que son las detenciones masivas, lo que ha elevado la tasa de encarcelamiento en El Salvador, la más alta del planeta”, apuntó la experta en derechos humanos. Jiménez Sandoval aseguró que “no es igual la situación de El Salvador a la situación de criminalidad de muchos otros países de América Latina”, por lo que “el modelo Bukele al final del día tiene un costo y es el costo de las prácticas democráticas que deben estar existentes en cualquier país de la región”.
Indicó que el “modelo Bukele lesiona derechos humanos y logra grandes retrocesos” y precisó que América Latina “necesita modelos de justicia eficientes, fortalecidos y que sirvan a la ciudadanía para que pueda reducirse la criminalidad”.
“No hay solución fácil para las grandes crisis de inseguridad que vive América Latina, pero el modelo Bukele no es una solución”, sentenció. El Congreso de El Salvador, de mayoría oficialista, amplió el martes por vigésimo quinta ocasión el régimen de excepción que suspende garantías constitucionales.
La medida, de acuerdo con datos oficiales, ha dejado al menos 79.211 detenciones de personas acusadas por las autoridades de ser pandilleros o colaboradores de las llamadas ‘maras’. En el marco de este régimen, las organizaciones humanitarias han recibido más de 6.000 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas. Las muertes de detenidos bajo custodia estatal superan las 200, mientras que entes como Amnistía Internacional advierten que la violencia de las pandillas se ha visto sustituida por la estatal en las comunidades empobrecidas.
