Participación Ciudadana rechaza toda intervención de los políticos en los casos judiciales

SANTO DOMINGO.- El movimiento cívico Participación Ciudadana rechazó de manera rotunda la propuesta de la ex vicepresidenta Margarita Cedeño en el sentido de que el presidente Luis Abinader y los ex presidentes se reúnan para acordar solución a lo que ella denomina “una crisis de gobernabilidad” producida por el sometimiento a la justicia de funcionarios y directivos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

El movimiento indicó que es justamente es contra de esa práctica que ha luchado por décadas, contra los acuerdos de mutua impunidad, explícitos o implícitos en la política dominicana.

“Por el contrario, la población dominicana está ampliamente satisfecha con las actuaciones de un Ministerio Público independiente y ha depositado sus expectativas en que los jueces actúen también con la objetividad, la inteligencia y el coraje que se requieren para castigar con todo el peso de la ley la corrupción y la impunidad”, agregó.

Atacó que es totalmente inaceptable que los partidos políticos pretendan influir en el curso de los procesos judiciales. “Este país ha dado muestras de que está en la disposición de defender los avances en la persecución del peor de los crímenes, como lo es la corrupción administrativa de grandes proporciones como las que están documentadas en los expedientes que cursan actualmente en los tribunales”.

Dijo que estos son momentos cruciales para la consolidación de un Estado democrático y de derecho en la República Dominicana, pero ese propósito fundamental no será logrado con dirigentes políticos que aúpen o protejan la corrupción, que usen el dinero público o que reciban aportes que comprometen la correcta administración pública.

Aseguró que seguirán el proceso electoral, especialmente en lo referente a las posiciones de los diferentes partidos y candidatos políticos sobre el tema de la corrupción y de sus compromisos con la erradicación de la impunidad, así como a cualquier indicador de que se están usando recursos, públicos o privados, más allá de lo permitido por la ley.