La Fiscalía de Santiago Rodríguez y la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (PETT) solicitaron que se imponga prisión preventiva en contra de Mercedes Báez y de Isidro Antonio Jaqués Valerio (Megateo), ambos arrestados en flagrante delito, mediante orden judicial y de allanamiento, ejecutada en el cabaret El Bujucal o Buhucal tras ser acusados por administrar un negocio utilizado para explotación sexual.
El Ministerio Público le atribuye a los imputados incurrir en trata de personas, en la modalidad de explotación sexual, en violación a varios artículos de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, así como en proxenetismo, contenido en los artículos 333, 334, 334-1, del Código Penal Dominicano, y abuso contra niños, niñas y adolescentes, contenido en el artículo 396, letras B y C, del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03).
A través de un comunicado de prensa la PETT informó que se encuentra en un proceso de investigación que surge por una denuncia recibida a través del Centro Recepción de Denuncias de la Fiscalía de Santiago Rodríguez, mediante la cual se informó sobre la desaparición de una mujer que salió de su vivienda en San José de las Matas, en el mes de diciembre del año 2022, la cual posteriormente se estableció que se encontraba en el citado establecimiento, de donde fue rescatada junto a un hijo de un año de edad, otra mujer y su hijo de nueve años, y una adolescente, quienes también se encontraban en el lugar.
La solicitud de medida de coerción detalla que la imputada mantenía en cautiverio a la víctima y madre del niño de un año, a la cual amenazaba, le retenía sus documentos y no le permitía usar el celular ni comunicarse con sus familiares, además de que la explotaba sexualmente, alegando la indicada imputada que la mujer le adeudaba un dinero, específicamente la cantidad de 15 mil pesos. Además, se estableció que la imputada Báez trató de vender al infante hijo de la citada víctima por 200 mil pesos.
La solicitud de medida de coerción está sustentada con diferentes pruebas documentales, testimoniales periciales y materiales que comprometen la responsabilidad penal de los investigados.
