SANTO DOMINGO, RD- El Poder Ejecutivo depositó este jueves ante el Senado de la República el proyecto de ley que modifica la Ley 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) del 15 de enero de 2024, luego de que los integrantes de la mesa de trabajo conformada por representantes del Gobierno y sectores de la sociedad civil llegaran a un consenso
El objeto de la iniciativa legislativa ahora propuesta es modificar las disposiciones contenidas en los artículos 1, 2, 9, 10, 11, 26 y 32 de la controversial ley.
Entre otros puntos se propone una adecuación al artículo 11 de la Ley 1-24, con el fin de reforzar las garantías relativas a la obtención del contenido de información de fuentes cerradas. En este sentido, la modificación legal busca exigir la autorización de un juez para todo procedimiento que limite derechos constitucionales.
El 10 de enero del presente año 2024, el Senado aprobó en dos sesiones consecutivas y convirtió en ley el proyecto que crea la DNI, cuyo objetivo es la protección de los intereses de la nación y evaluar amenazas internas y externas contra el Estado.
El senador Dionis Sánchez, presidente de la Comisión Especial que estudió el proyecto, presentó al Pleno del Senado un informe favorable y solicitó que la iniciativa fuera incluida en el orden del día, declarada de urgencia y aprobada, tal cual lo remitió la Cámara de Diputados.
El proyecto crea la Dirección Nacional de Inteligencia como órgano centralizado del Estado, destinado a proteger la seguridad nacional y coordinar lo relativo al Sistema Nacional de Inteligencia.
La iniciativa define el DNI como “el conjunto de relaciones funcionales entre los organismos de inteligencia del Estado dominicano, bajo la coordinación de la Dirección Nacional de Inteligencia, con la finalidad de proveer información estratégica para la seguridad nacional” y estará bajo la dependencia del presidente de la República, quien también designará al director de esa entidad.
Entre las atribuciones que tendrá el DNI está el investigar cualquier actividad llevada a cabo por personas, grupos o asociaciones, que “atente” contra los intereses u objetivos nacionales, las instituciones del Estado, subvierta el estado de derecho, ponga en riesgo la seguridad nacional y otros aspectos adversos al Estado.
La pieza legislativa establece como atribución de la entidad recopilar y procesar información relevante para la seguridad nacional y la protección de los intereses de la nación; así como evaluar amenazas, tanto internas como externas.
