Poder Ejecutivo propone crear nueva institución para administrar bienes retenidos e incautados
SANTO DOMINGO.- El proyecto de ley para la administración de bienes incautados y decomisados en extinción de dominio contempla la supresión de la actual institución que los administra para dar paso a una nueva entidad que podrá disponer de los inmuebles mientras estén bajo su sombrilla.
La finalidad principal de esta iniciativa será garantizar la administración y el óptimo rendimiento económico o financiero de los bienes que se encuentren en juicio de extinción de dominio, hasta tanto se disponga su destinación final.
La nueva entidad que se encargará manejar las propiedades y otros recursos será el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide) a la que le serían transferidos todos los activos y pasivos de la actual Oficina de Custodia de Administración de Bienes (Ocabid), así como su personal.
Esta institución podrá arrendar o alquilar a terceros los bienes muebles e inmuebles incautados, secuestrados, no reclamados o abandonados, a los precios vigentes del mercado.
Una vez producida una sentencia definitiva que rechace el decomiso o la extinción de dominio, los bienes serían devueltos a sus propietarios en un período de tres meses.
Se administrarán por el INCABIDE los siguientes bienes:
*Infraestructuras e inmuebles.
*Dinero.
*Empresas en operación.
*Derechos reconocidos en títulos, acciones, cuotas sociales, valores o cualquier otro documento o instrumento.
*Cualquier tipo de bien cuyo soporte sea digital.
*Naves.
*Aeronaves.
*Vehículos.
*Animales.
*Productos agrícolas.
*Maquinaria.
En el caso de los bienes incautados, secuestrados o abandonados, se realizarán subastas públicas ascendentes, fijando un mínimo por el INCABIDE y los oferentes competirán entre sí presentando públicamente sus ofertas
Esta iniciativa que reforzará la ley de extinción de dominio, la cual entrará en vigencia a mediados del 2023, es parte de los proyectos depositados por el Poder Ejecutivo en el Senado y se estudia en la Comisión Permanente de Justicia y Derechos Humanos.
