SANTO DOMINGO.- El Consejo del Poder Judicial ha emitido una resolución disciplinaria contra el juez Juan Francisco Rodríguez Consoró por faltas graves en el ejercicio de sus funciones. El magistrado ha sido destituido como juez miembro del Poder Judicial debido a que se le atribuye haber aceptado o recibido comisiones en dinero o en especie, gratificaciones, dádivas, obsequios o recompensas como pago de servicios inherentes al cargo que desempeña y realizar diligencias para favorecer a su cuñado en el proceso de allanamiento realizado por el caso de César El Abusador. Rodríguez Consoró era juez del Noveno Juzgado de la Instrucción, adscrito a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
El Consejo del Poder Judicial apoderará al Ministerio Público de las pruebas de las que dispone con relación a este caso para la correspondiente investigación de posible infracción penal. Según lo indicado por el Poder Judicial, el incumplimiento de los deberes y la inobservancia a las obligaciones por parte del magistrado ha generado repercusiones a la función de juez, comprometiendo su imparcialidad al punto de recibir recompensas, como pago de actos inherentes a su investidura al favorecer un imputado en un proceso penal.
Dichos hechos se subsumen en el artículo 66.1 de la Ley 327-98, que dispone que a los jueces les está prohibido solicitar, aceptar o recibir, directamente o por intermedio de otras personas, comisiones en dinero o en especie; o solicitar, aceptar o recibir, directamente o por interpuesta persona, gratificaciones, dádivas, obsequios o recompensas, como pago por la prestación de los servicios inherentes al cargo que se desempeña. Asimismo, se presume que los parientes del funcionario hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad, inclusive, reciben gratificaciones, dádivas y comisiones ilícitas similares.
El Consejo del Poder Judicial indica que dejar de cumplir los deberes, ejercer indebidamente los derechos o no respetar las prohibiciones e incompatibilidades constitucionales o legales, cuando el hecho o la omisión tengan graves consecuencias de daños o perjuicios para los ciudadanos o el Estado, constituyen una falta disciplinaria sancionable. El Consejo del Poder Judicial consideró que los hechos cometidos por el magistrado son una falta grave y lo destituyó de su cargo.
