SANTO DOMINGO.–El presidente Luis Abinader se pronunció durante su encuentro de cada lunes con la prensa, sobre la reciente disposición relacionada con la factura eléctrica y del agua, la cual ha generado cuestionamientos entre juristas y defensores de derechos, quienes expresaron preocupaciones sobre una posible violación a la privacidad de los trabajadores.
Abinader aclaró que no es obligatoria la disposición del Ministerio de Administración Pública (MAP) que requiere a los servidores del sector público presentar las facturas de pago de los servicios, destacando que la intención detrás de esta disposición es, en algunos casos, es ayudar a los empleados públicos con salarios más bajos a acceder al programa Bonoluz, que ofrece apoyo en sus facturas de servicios, subsidio diseñado para aliviar los costos de servicios básicos en aquellos hogares que enfrentan dificultades económicas.
“El objetivo no es exigirles un gasto adicional, sino abrir una puerta para que quienes estén en una situación económica ajustada puedan recibir apoyo del Gobierno en estos servicios básicos”, subrayó el mandatario, quien dejó claro que se trata de una medida optativa y de carácter social.
El mandatario al ser cuestionado sobre este tema en La Semanal con la Prensa, precisó que la misma no puede tener ninguna penalidad ni consecuencia.
«Esa disposición lo que tiene una intención, y solamente puede tenerla si es voluntaria , no puede tener ninguna penalidad ni ninguna consecuencia, lo que busca es incluso en algunos casos a los empleados públicos que tienen el nivel salarial más bajo poder hasta apoyarlos con el bonoluz. Esa disposición no tiene mayores consecuencias que dar el ejemplo, que coordinar»,acotó.
Agregó que la disposición del MAP pudiera tener incluso efectos positivos para los de menor nivel con el apoyo de Bonoluz y que no tiene nada obligatorio.
SOBRE LA DISPOSICIÓN DEL MAP
Se recuera que el pasado mes de octubre el Ministerio de Administración Pública (MAP) emitió la circular 018031, en la que instruye a todos los entes y órganos del Estado, a través de sus direcciones de Recursos Humanos, a realizar una recopilación de datos sobre el cumplimiento de pago de servicios públicos de los empleados gubernamentales.
La medida, que busca mejorar la calidad de los servicios públicos y asegurar las normativas vigentes, tiene como propósito la actualización de las bases de datos del MAP, correspondientes a las obligaciones de pago de agua y energía eléctrica, así como identificar posibles casos en los que estos pagos de servicio no estén siendo efectuados.
De acuerdo a la resolución, las direcciones de Recursos Humanos deberán confirmar en un plazo de 15 días laborables si el servidor público posee contrato de energía eléctrica y agua. En caso de que el empleado no tenga alguno de los servicios a su nombre, deberá indicar a nombre de qué familiar está y si cumple con sus obligaciones de pago.
