SANTO DOMINGO.- La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, consideró necesario que República Dominicana se aboque a la creación de un Ministerio de Justicia que asuma tareas que trascienden al rol del Ministerio Público.
“Los esfuerzos institucionales que se requieren para controlar jerárquicamente la gestión del sistema penitenciario y fiscalizar la provisión de los servicios forenses, ameritan el establecimiento de un órgano distinto de la Procuraduría General de la República”, dijo Germán Brito en su discurso de rendición de cuentas del Ministerio Público.
“La creación de este Ministerio no amerita una reforma constitucional, ya que los asuntos que proponemos traspasarle son de libre configuración legislativa, es decir, no han sido retenidos en la Constitución como competencias propias del Ministerio Público”, dijo.
Reconoció la situación de sobrepoblación penitenciaria. Además, que los conflictos ocurridos en algunas cárceles del país ponen en evidencia que tenemos mucho camino por recorrer para dignificar el sistema penitenciario.
“Es imprescindible que las instituciones del sistema penal aunemos esfuerzos para abordar de forma urgente y prioritaria la sobrepoblación penitenciaria. Necesitamos conocer la situación particular de cada interno para evaluar las alternativas posibles, actuando responsablemente en el marco de nuestras respectivas competencias”, dijo.
En su discurso, Germán Brito afirmó que su gestión impulsa las acciones correspondientes para que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) pueda cumplir con la normativa legal vigente y se convierta en un órgano técnico independiente del Ministerio Público y el servicio general del Sistema de Justicia.
“Se trata de un reto que tiene más de una década de retraso, pero que aspiramos cumplir durante el ejercicio de nuestro mandato al frente de la institución”, afirmó.
Destacó que el año pasado por primera vez, en seis años, se reunió el Consejo Directivo del Inacif.
Al acto de rendición de cuentas, realizado en el auditorio de la Suprema Corte de Justicia, asistieron miembros del Ministerio Público y representantes de distintos poderes del Estado, así como de diferentes instituciones de la sociedad civil.
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