Desde el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar presentaron una enmienda para introducir un nuevo apartado que establezca que, para reparar la memoria quienes fueron castigados por motivo de su orientación e identidad sexual o expresión de género mediante la aplicación de la ‘Ley de vagos y maleantes’ de 1954 y, posteriormente, por la ‘Ley de peligrosidad y protección social’ de 1970, se les pague una indemnización económica vitalicia de idéntica cuantía a la pensión mínima de la seguridad social que reciben las personas pensionistas mayores de 65 años sin cargas familiares, esto es, unos 884 dólares al mes.
Asimismo, solicita que esta pensión «sea compatible con otros ingresos percibidos por actividades laborales, mercantiles o derivados del patrimonio personal o societario» de la persona en cuestión, sin brindar más detalles al respecto.
Sumar, organización política de la que es miembro Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía Social, no ha dado a conocer los requisitos para beneficiarse de dicha ayuda, por lo que bastaría con que uno diga que fue perseguido en esa época, informa el diario Vozpópuli.
