ESTADOS UNIDOS.- El embajador dominicano ante la ONU, José Blanco Conde, resaltó ante el Consejo de Seguridad la necesidad de implementar la resolución 2699, la cual autoriza a los Estados Miembros a participar en la formación y despliegue de una misión multinacional con el propósito de ayudar a la Policía Nacional de Haití a restablecer la seguridad en el país.
Esta intervención armada, aprobada por la ONU, busca la participación de un millar de policías de Kenia como parte de una fuerza multinacional, con el objetivo de restablecer la paz en Haití. La nación caribeña ha estado siendo afectada por bandas armadas que controlan gran parte del territorio y han instaurado un régimen de terror y violencia.
A pesar de que un tribunal keniano suspendió temporalmente el plan del gobierno de enviar agentes de policía a Haití, el embajador Blanco Conde destacó la disposición de Kenia para liderar el apoyo internacional, y agradeció a otros países que han ofrecido su apoyo concreto en este esfuerzo multinacional.
Además, el embajador subrayó la importancia de la resolución 2700 del Consejo de Seguridad, aprobada el 19 de octubre, la cual extiende el régimen de sanciones que incluye un embargo de armas, prohibición de viajes y congelación de activos de personas y entidades responsables del clima de violencia que afecta a la población de Haití.
Blanco Conde enfatizó que la implementación de ambas resoluciones, con el compromiso sostenido de la comunidad internacional, contribuirá a restaurar la estabilidad económica y social en Haití. Esto permitirá poner fin a la situación de pesadilla en la que vive el país y abrirá las puertas para que los haitianos puedan elegir libre y democráticamente a sus autoridades, encaminándose hacia la prosperidad y la paz duradera.
La resolución 2699, aprobada el 2 de octubre por el Consejo de Seguridad, insta a los Estados Miembros que participen en la misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití a incluir conocimientos especializados en operaciones contra las bandas, actividades policiales de proximidad, protección de niños y mujeres, y prevención y respuesta ante la violencia sexual y de género centrada en las víctimas. También se exige una conducta y disciplina adecuadas para prevenir la explotación y los abusos sexuales.
