ESTADOS UNIDOS.- La pena al exdiputado Miguel Gutiérrez quien se declaró culpable de conspiración para distribución de cocaína y de conocer que dicha sustancia ilegal sería importada a Estados Unidos, fue reducida a 65 meses, petición que fue acogida por el juez distrital de Estados Unidos, Roy K. Altman.
“Se reduce la condena del acusado a 65 meses de prisión, seguidos de cinco años de libertad supervisada, con efecto a partir del 1 de febrero de 2024”, dice el documento judicial.
El documento narra que esta sentencia fue la acordada entre Gutiérrez y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.
«El gobierno no se opone a la moción del acusado y acepta que, bajo los hechos y circunstancias particulares de este caso, y teniendo en cuenta la declaración de política establecida… y los factores de sentencia establecidos en 18 U.S.C. § 3553(a), el acusado tiene derecho a una reducción de sentencia», indicó la fiscalía en un comunicado.
Por su parte, Altman justificó su decisión al asegurar que la petición de reducción de Gutiérrez, y la posición del Gobierno estadounidense al respecto, son “consistentes” en este tipo casos.
“Habiendo considerado la moción del acusado y la respuesta del Gobierno, encontramos que el acusado es elegible para una reducción de sentencia bajo la enmienda 821 y que tal reducción es ‘consistente con las declaraciones de política aplicables emitidas por la Comisión de Sentencias’», indicó el juez en el mencionado documento judicial.
Esta sentencia fue la acordad entre Gutiérrez y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida,
LO OCURRIDO
Se recuerda, que en mayo de 2021, Gutiérrez Díaz aceptó su culpabilidad de conspirar para cometer lavado de dinero entre 2014 y 2020 en República Dominicana.
También se declaró culpable de conspirar para distribuir cocaína y tener conocimiento que sería enviada y distribuida en Estados Unidos.
Los cargos por los que se le imputaban tenían desde pena máxima, cadena perpetua, y como sentencia mínima 10 años de prisión, seguida de una pena de libertad vigilada de al menos 5 años. Así como una multa de hasta 10 millones de dólares.
Mientras que por el cargo de lavado de activos, la condena era de hasta 20 años de prisión, junto con libertad vigilada de hasta tres años y una multa de 500,000 dólares o el doble del valor de los bienes objeto de la transacción, si éste fuera mayor al monto estipulado.