SANTO DOMINGO, RD – Sectores instan a la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) a investigar y someter a la justicia a los responsables de que el país haya tenido que pagar durante 13 años unos 26 mil millones de dólares por el denominado peaje sombra con la concesionaria Autopista del Nordeste, contrato al que el Gobierno puso fin la pasada semana.
Falsificación de documentos, inclusión de compañías no contempladas y otras irregularidades afirman representantes de la sociedad civil contiene el contrato suscrito en el año 2001 entre el Estado dominicano y la concesionaria de capital colombiano Autovía del Nordeste S.A, para la construcción de la vía , cuyo nombre real es Juan Pablo Segundo.
Para Enmanuel Esquea Guerrero, abogado consultado por el Gobierno al respecto, deben establecerse sanciones por tan lesivo convenio, lo que es respaldado por varias organizaciones.
El pacto costaría al Estado 1,900 millones de dólares más en lo que le restaba de operación hasta el 2030.
Legisladores también entienden que aunque se rescindió del contrato los daños deben ser resarcidos.
Se estima que en la construcción de la autopista se invirtieron entre 150 y 200 millones de dólares, monto superior a lo ya pagado.