Redacción.- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, enfrenta un juicio político en el Senado, luego de que la Cámara de Diputados aprobara por unanimidad una acusación en su contra por presunto mal desempeño de sus funciones y posibles vínculos con el intervenido Ueno Bank.
El proceso comenzó este jueves, después de una jornada marcada por la incertidumbre política, en la que Peña presentó su renuncia a la Presidencia, pero esta no pudo ser tramitada por el Congreso debido a la falta de cuórum.
Con la apertura del juicio, la Cámara Alta asumió las funciones de tribunal para conocer las acusaciones formuladas por los diputados, quienes señalaron al mandatario de incurrir en un supuesto desempeño irregular de sus responsabilidades.
Durante la sesión, la diputada opositora Rocío Vallejo, designada como una de las fiscales acusadoras, afirmó que comparecía para presentar los cargos conforme al mandato recibido.
La crisis política está relacionada con la situación de Ueno Bank, luego de que el Banco Central de Paraguay ordenara iniciar un proceso de resolución o cierre de la entidad financiera, tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido.
La situación generó preocupación entre miles de clientes por sus ahorros y por los recursos públicos depositados en la institución, incluidos fondos procedentes de pensiones.
En la acusación contra Peña también se señalan posibles conflictos de intereses y vínculos empresariales con Ueno Holding, conglomerado al que pertenecía el banco. El mandatario había vendido sus acciones en ese grupo en marzo de 2025.
La diputada Vallejo aseguró que la crisis financiera ha afectado a cerca de tres millones de paraguayos y advirtió sobre las consecuencias para instituciones públicas que mantenían recursos en la entidad.
Peña permanece formalmente en la Presidencia, debido a que su renuncia no fue conocida por falta de cuórum. De ser destituido mediante el juicio político, perdería los fueros correspondientes a su condición de senador vitalicio, que conservaría si su dimisión fuera aceptada.
El mandatario se convierte en el segundo presidente paraguayo sometido a un juicio político en la historia reciente del país, después de Fernando Lugo, quien fue destituido en 2012.
