SAN JUAN.- El Senado de Puerto Rico discutirá en mayo una medida que busca establecer en la isla que en los casos en que una menor de 18 años quiera abortar se requiera autorización de al menos uno de sus padres o custodios legales.
Así lo anunció este lunes la senadora Joanne Rodríguez Veve, del Partido Proyecto Dignidad, en referencia al Proyecto del Senado 495, de su autoría, para ser presentado en vistas públicas a partir del 2 de mayo.
«Ante el interés apremiante de proteger el mejor bienestar de las niñas y jóvenes menores de edad, muchas jurisdicciones de Estados Unidos requieren por ley que los progenitores o custodios legales estén involucrados en todo el proceso conducente a un aborto», dijo Rodríguez Veve en declaraciones escritas.
«De esta forma, no solo se busca asegurar que la menor sea guiada, ayudada y acompañada por quienes tienen el deber de procurar su mejor bienestar, sino que, además, con ello se busca prevenir y combatir el abuso sexual de menores«, agregó la legisladora, quien presentó la medida junto a la legisladora Lisie Burgos.
Las legisladoras explicaron que actualmente, 12 estados de Estados Unidos prohíben el aborto totalmente, y en 24 de ellos requieren algún tipo de intervención por parte de los padres o custodios legales en el proceso de que una menor de edad decida abortar.
De ellos, la mayoría requieren sólo el consentimiento de uno de los padres, y la minoría requiere el consentimiento de ambos.
Y, algunos estados requieren la notificación previa y consentimiento de ambos padres, mientras que otros solo requieren notificación previa a los padres.
«Conscientes de las implicaciones tanto físicas como psicológicas que pueden arrastrar las jóvenes a través del resto de sus vidas como consecuencia de un aborto, el Estado debe procurar -como lo hace para procedimientos médicos de menor impacto y riesgo- que una menor no tome este tipo de decisión sin la intervención de sus padres o custodio legal», agregó Burgos.
Rodríguez Veve presentó en noviembre pasado el Proyecto del Senado 693, que limitaba las terminaciones de embarazo a partir de las 22 de semanas de gestación, pero fue ignorado en la Cámara.
