Romero indicó que el Poder Ejecutivo destinó esos recursos a demarcaciones cuyos municipios no cuentan con centros multiusos. Sin embargo, reconoció que la provincia Monseñor Nouel, representada por Acosta, recibió una asignación de aproximadamente RD$30 millones, por lo que señaló que se está solicitando revisar las razones de esa distribución.
Por su parte, Acosta cuestionó que alrededor de RD$1,200 millones fueran destinados a La Vega, mientras otras provincias quedaron con asignaciones menores o sin recursos, según sus declaraciones. El legislador sostuvo que todas las demarcaciones tienen necesidades pendientes y citó como ejemplo la construcción de una pista de atletismo en Monseñor Nouel, una obra para la que, afirmó, le comunicaron que no había presupuesto disponible.
Acosta también manifestó preocupación por la falta de empleos en su provincia, situación que relacionó con el cierre de la empresa Falconbridge y de la zona franca Dos Ríos. Asimismo, pidió a las autoridades escuchar las demandas de los jóvenes y las organizaciones comunitarias que realizan protestas para reclamar obras y soluciones a los problemas locales.
En otro orden, Romero se refirió al hacinamiento en las cárceles dominicanas y a los señalamientos de la Oficina Nacional de Defensa Pública sobre el porcentaje de internos que permanece bajo prisión preventiva sin una condena. Recordó que presentó una iniciativa para crear una comisión senatorial que investigue posibles violaciones de los derechos fundamentales de los privados de libertad.
El legislador calificó de preocupante que centros penitenciarios diseñados para albergar a unas 100 personas lleguen a recibir hasta 500 internos y advirtió que estas condiciones dificultan la rehabilitación y reinserción social. A su juicio, las cárceles corren el riesgo de convertirse en espacios que favorecen la formación delictiva, en lugar de contribuir a la reintegración de quienes cumplen medidas de privación de libertad.
Finalmente, Romero consideró que la creación de nuevas provincias debe ajustarse a los requisitos constitucionales y legales, mientras que Acosta insistió en la necesidad de que las autoridades expliquen los criterios utilizados para distribuir los fondos recuperados de la corrupción.
Romero recordó que hace varias semanas presentó ante el Senado una iniciativa para conformar una comisión que investigue posibles violaciones de los derechos fundamentales de los reclusos y determine qué está ocurriendo dentro de los centros penitenciarios.
El congresista calificó de preocupante que cárceles diseñadas para albergar a unas 100 personas lleguen a tener hasta 500 internos, al considerar que la sobrepoblación dificulta las condiciones de convivencia y los procesos de rehabilitación.
Asimismo, advirtió que el sistema penitenciario debe contribuir a que las personas cumplan las sanciones impuestas por la justicia y posteriormente puedan reinsertarse en la sociedad, en lugar de convertirse en espacios que favorezcan la formación delictiva.
El senador insistió en la necesidad de investigar las denuncias y establecer las responsabilidades correspondientes, a fin de garantizar el respeto a los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.
