SANTO DOMINGO.- Será este martes a las 10:00 de la mañana que la jueza Kenya Romero, coordinadora los juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, informará la decisión de si envía o no a los imputados del caso Calamar a prisión preventiva, arresto domiciliario o impondrá otra medida de coerción.
La magistrado culminó de escuchar este lunes la contrarréplica de la defesa de los tres principales implicados proceso judicial, que son los exministros Gonzalo Castillo (Obras Públicas), Donald Guerrero (Hacienda) y José Ramón Peralta (Administrativo de la Presidencia).
El conocimiento se realiza en las instalaciones de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, lugar donde 14 de 20 imputados han reconocido responsabilidad en algunas de las imputaciones que ha hecho el Ministerio Público y de esos 10 ya se declararon culpables, según han comunicado los abogados y miembros del Ministerio Público.
De los 20 señalados en el expediente presentado por el Ministerio Público, los imputados Ángel Lockward, Alejandro Constanzo, Roberto Santiago Moquete, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández, Emir Fernández de Paola, Oscar Chalas Guerrero, Rafael Parmenio Rodríguez, Agustín Mejía Ávila y Víctor Matías Encarnación, admitieron su participación en esta estructura de corrupción desarticulada en la Operación Calamar.
Junto a los imputados antes mencionados, en el expediente también figuran el exministro de Hacienda, Donald Guerrero; ex ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta; exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo; ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
Así como también Yahaira Brito Encarnación, Aldo Antonio Gerbasi y Ramón David Hernández.
El expediente presentado por el Ministerio Público posee más de tres mil páginas y más de 1,200 elementos de pruebas, las cuales detallan cómo los miembros de la supuesta red sustrajeron más de 17 mil millones de pesos al Estado, los cuales sumados a unos 2,100 millones en deuda administrativas totalizan más de 19 mil millones.
