Sin proyectos de ley y con baja asistencia, así fue el paso por el congreso del diputado Gory
Santo Domingo.- El diputado Sergio Moya, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), quien fue el más votado en la circunscripción dos del Distrito Nacional, registra un bajo desempeño legislativo en la Cámara Baja con numerosas ausencias y ninguna propuesta para proyectos de ley.
El diputado, conocido popularmente como ¨Gory¨ obtuvo la reelección por otros cuatro años en el Congreso alcanzando 17,782 votos a pesar de estar vinculado al caso Calamar, una investigación sobre presunta corrupción que encabeza el Ministerio Público y que se encamina a indagar una supuesta red de cobros ilegales junto a la Dirección de Casinos y Juegos de Azar.
Según el Sistema de Información Legislativa de la Cámara de Diputados, durante el periodo 2020-2024, Gory se ha ausentado de 148 sesiones legislativas de un total de 351 encuentros que ha encabezado el órgano congresual.
Su escasa presencia en las sesiones de la Cámara de Diputados se replica en las comisiones de trabajo en el Congreso, donde el legislador también refleja una baja asistencia a los equipos donde se analizan y elaboran los proyectos de ley.
De acuerdo con el sistema, Gory sólo pertenece a la comisión de Hacienda, donde se estudian los contratos de préstamos, proyectos financieros y los presupuestos. La mayoría de congresistas pertenecen por lo menos a cuatro comisiones, pero Gory sólo está registrado en una.
En cuanto a la autoría de iniciativas, el diputado más votado de la circunscripción dos en la capital no ha registrado ningún proyecto de ley en el periodo 2020-2024. Gory sólo tiene proyectos de resolución para pedir al Gobierno la construcción de puentes, escuelas o instalación de instituciones públicas en el Distrito Nacional.
Con un trabajo así, el diputado Moya va rumbo a los 12 años en el Congreso Nacional ya que fue reelegido por los votantes hasta el año 2028.
El Ministerio Público lo señaló en el caso Calamar porque supuestamente el legislador dirigía una red de cobros ilegales y extorsiones a dueños de bancas de lotería, una acusación que aún no se debate en tribunales por la jurisdicción privilegiada de la que gozan los congresistas.
