Santo Domingo.- El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, Miguel Surun Hernández, evaluó que el Ministerio Público actuó de “manera cuestionable” en el caso de la comunicadora Chantal Jiménez, quien fue asesinada a manos de su ex pareja, quien luego se quitó la vida.
“No hay forma posible de explicar, que, ante un hecho de violencia intrafamiliar grave, el Ministerio Público no solamente ponga en libertad al agresor, sino que, además, siquiera se tome la molestia de retirarle su arma de fuego”, dijo el jurista.
Durante una entrevista Hernández explicó que, el protocolo de violencia intrafamiliar establece como prioridad, la protección de la víctima de manera definitiva, en aplicación al artículo 226 de Código Procesal Penal.
Dijo, además, que ese tema es para imponer prisión preventiva para garantizar la presencia del imputado en cada una de las etapas del proceso y garantizar la seguridad de la sociedad y de las víctimas.
“En este caso (el de Chantal) estamos hablando que esa persona (su verdugo) estuvo detenida entre lunes y martes de la semana pasada y que el Ministerio Público, a la luz de un supuesto desistimiento, que no tiene ningún tipo de efecto en cuanto a la acción pública, lo soltó y dos días después, los dos están muertos”, añadió.
En ese tenor, analizó que hay dos razones por las cuales un funcionario del MP, como un juez, puede ser sometido a juicio disciplinario y puede ser destituido: el dolo, emitir una decisión por dinero o por influencia o que sus actuaciones se realicen con un alto grado de negligencia e irresponsabilidad que cause grosero.
Dijo que el caso de Chantal obliga al MP abrir una investigación y de confirmarse que hubo un incidente previo de arma de fuego, que no se le retiró el arma, se debe poner una sanción.
