Santo Domingo.- Luego de varios días de conocimiento, se espera que este jueves la jueza de Atención Permanente del Distrito Nacional, Fátima Veloz, de el fallo de medida de coerción contra Jochi Gómez, Hugo Beras y demás implicados en estafa al Estado con más de mil 300 millones de pesos mediante un contrato suscrito entre el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y Transcore Latam.
La decisión está pautada para las 3 de la tarde. Según el Ministerio Público, el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Marino Leopoldo Beras Goico Ramírez, dirigió y autorizó la adjudicación fraudulenta de contratos millonarios a empresas sin las capacidades técnicas requeridas.
El exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Marino Leopoldo Beras Goico Ramírez, dirigió y autorizó la adjudicación fraudulenta de contratos millonarios a empresas sin las capacidades técnicas requeridas, según establece el Ministerio Público.
“Fue clave en la integración de nuevas autoridades al proyecto manipulado y facilitó la participación de empresas de carpeta que desviaron recursos del Estado. Es definido como el coautor y principal facilitador de la corrupción en el manejo de la red semafórica y el sistema de videovigilancia, con clara participación en la orquestación del fraude en la citada licitación”, añade el órgano acusador.
Frank Rafael Atilano Díaz Warden, coordinador de Despacho y Representante de Hugo Beras ante el Comité de Compras del Intrant, participó activamente en la adjudicación irregular de contratos.
Establecieron que las decisiones del comité favoreció a empresas vinculadas a la estructura corrupta. Su rol fue la manipulación de la licitación y la toma de decisiones que beneficiaron a los imputados.
Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, director de Tecnología del Intrant, era el encargado de la red semafórica y de videovigilancia del Gran Santo Domingo. Fue pieza clave en la coordinación técnica del fraude. Facilitó el control de estos sistemas a Transcore Latam S.R.L., una empresa que no cumplía con los requisitos legales ni técnicos.
Adaptó la evaluación pericial en el proceso de licitación para favorecer a la empresa del entramado. Tuvo una participación activa en la ejecución técnica del esquema fraudulento, comprometiendo la seguridad vial y la transparencia en el uso de fondos públicos.