SANTIAGO.– Bajo un amplio dispositivo de seguridad fueron trasladados este viernes a la sala de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago los imputados vinculados a un presunto esquema de desfalco en el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), relacionado con el manejo irregular de fondos provenientes del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Los acusados comparecen ante el tribunal para el conocimiento de la solicitud de medida de coerción, en el marco de una investigación que, según el Ministerio Público, involucra un presunto perjuicio económico ascendente a RD$3,700 millones, destinados a programas y servicios de atención a pacientes con cáncer.
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer; Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida y esposa del principal acusado; y Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exvicepresidenta del patronato y exesposa de Lora Cruceta.
Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitará la imposición de 18 meses de prisión preventiva y que el proceso sea declarado caso complejo, al considerar que se trata de una estructura criminal organizada que operó durante varios años en perjuicio de pacientes oncológicos y del Estado dominicano.
Según el expediente acusatorio, los encartados habrían liderado una red dedicada al desvío de recursos provenientes del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), fondos destinados a garantizar medicamentos, tratamientos especializados y servicios médicos a pacientes de escasos recursos que luchan contra el cáncer.
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Las investigaciones del órgano persecutor establecen que la presunta estructura ejecutó múltiples maniobras fraudulentas, entre ellas la falsificación de documentos médicos, uso de sellos falsos, alteración de indicaciones clínicas, doble facturación al Estado, entrega incompleta de medicamentos, comercialización de fármacos recibidos mediante donaciones y desvío de fondos públicos.
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El caso ha generado gran conmoción en el sector salud debido a la naturaleza de los recursos presuntamente sustraídos, dirigidos a la atención de personas afectadas por una de las enfermedades más delicadas y costosas del sistema sanitario.
Los imputados enfrentan cargos por asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología, acceso ilícito a sistemas informáticos y lavado de activos, infracciones que podrían conllevar severas sanciones penales en caso de ser hallados culpables.
Se espera en las próximas horas que la jueza apoderada del caso decida si acoge la solicitud presentada por el Ministerio Público contra los principales acusados de la Operación Onco14.
