SANTO DOMINGO, RD.- El Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional condenó a tres años de prisión a una mujer identificada como Miguelina Bello Segura, quien supuestamente formaba parte de una red criminal que sustraía y vendía pertrechos y municiones de la Policía Nacional, la cual fue judicializada a partir de la puesta en marcha de la Operación Pandora en el mes de noviembre del año 2024.
La sentencia establece la suspensión de la mitad de la pena bajo reglas, por lo que Bello Segura deberá cumplir un año y seis meses de prisión domiciliaria y, durante el período de suspensión de la prisión, cumplir ciertas condiciones.
Los fiscales litigantes Ernesto Guzmán y Rosa Ysabel, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), quienes representaron al Ministerio Público, plantearon al tribunal las condiciones establecidas en el pacto, entre las cuales se encuentra residir en un domicilio fijo y, de cambiar del lugar de domicilio, notificarlo al órgano acusador y al juez de Ejecución de la Pena.
Bello Segura también deberá abstenerse de viajar al extranjero sin permiso judicial, así como de portar armas de fuego y del abuso de bebidas alcohólicas, además de que deberá presentarse mensualmente ante el juez o la autoridad establecida con esos fines.
La jueza de la instrucción Kenya Romero dictó la sentencia tras homologar un acuerdo en el que la procesada admite la acusación del Ministerio Público, declarándose culpable de los hechos y dispuesta a colaborar con el Ministerio Público.
More Read
La sentencia también establece el decomiso de los accesorios incautados.
La lectura íntegra de la decisión fue fijada para el 5 de noviembre del año 2026, a las 3:00 de la tarde.
Por el caso, el pasado mes de septiembre el procesado Marino Antonio Rodríguez Toribio fue condenado a cinco años de prisión en la modalidad de arresto domiciliario y clausurada de manera definitiva la razón social Tactical Accessories RH, S.R.L., representada por el encartado. Además, le fue impuesto el pago de una multa de 10 salarios mínimos del sector público y se ordenó el decomiso de los bienes que les fueron incautados.
More Read
Igualmente, el tribunal dictó auto de apertura a juicio contra el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, exencargado de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional, así como del capitán Nelson Valdez y compartes.
Junto al coronel Narciso Antonio Féliz Romero, exencargado de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional, y el capitán Nelson Valdez, quien dirigía el Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos del cuerpo del orden, fueron enviados a juicio Víctor Manuel Santos Rodríguez, Juan Luis Díaz Medina, Ángel Rubiel Martínez Bacilio y Morelbin Medina Pérez.
A los acusados Narciso Antonio Féliz Romero, Nelson Valdez, Ángel Rubiel Martínez Bacilio, Juan Luis Díaz Medina y Morelbin Medina Pérez, el tribunal les varió la prisión preventiva por una garantía económica ascendente a la suma de 500 mil pesos, por contrato de fianza, a través de una compañía aseguradora, impedimento de salida del país sin autorización judicial y la obligación de presentarse periódicamente ante el Ministerio Público.
Mientras que se mantienen las medidas de coerción impuestas a Santos Rodríguez, consistentes en una garantía económica, impedimento de salida del país y presentación periódica.
Además, el tribunal ordenó el decomiso de bienes con relación al acusado Rodríguez Toribio y la razón social Tactical Accessories RH, S.R.L.
El grupo criminal, que fue arrestado tras la puesta en marcha de la Operación Pandora en el mes de noviembre del año 2024, es acusado de integrar un entramado de corrupción que desfalcó al Estado con 92 millones 191 mil 732 pesos y 92 centavos, a través de la sustracción de miles de municiones y pertrechos que se encontraban bajo custodia de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional durante la gestión de Féliz Romero.
More Read
El expediente establece que los acusados participaron de manera directa en las maniobras ilícitas con el objetivo de distraer bienes propiedad de la Policía Nacional para luego proceder a comercializarlos de manera ilícita y obtener beneficios económicos de estas ventas en detrimento del Estado dominicano.
El grupo es acusado por coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco y asociación de malhechores en violación a varios artículos del Código Penal dominicano, así como de violar la Ley 631-16 sobre Armas e incurrir en legitimación de capitales provenientes del tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y sus accesorios y otros materiales relacionados, así como por violación a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
