Redacción.- Fue rechazada por un tribunal del distrito sur de Florida, la solicitud de reducción de sentencia al dominicano Endy de Jesús Núñez Mármol, quien junto a su hermano y el exdiputado Miguel Gutiérrez Díaz son acusados de pertenecer a una red de tráfico de drogas que conspiró para ingresar y distribuir cocaína en los Estados Unidos.
Según un documento emitido en enero del año en curso, el Tribunal aclara que la solicitud fue desestimada, ya que se reserva el derecho de rechazar la petición cuando el imputado ha sido beneficiado con una pena dentro de los rangos estipulados tras aplicarle una reducción de puntos adicionales y no cumple con los requisitos legales para agregar otra disminución.
Endy de Jesús Núñez Mármol buscaba una reducción de sentencia basada en la enmienda de «infractor de punto cero» establecida en la enmienda USSG § 4C1.1, que «prevé una disminución de dos niveles con respecto al nivel del delito para los acusados que no recibieron ningún punto de antecedentes penales y cuya ofensa instantánea no involucra factores agravantes específicos».
Según reza el archivo, «La moción debe ser desestimada porque el Tribunal debe ejercer su discreción para rechazar la reparación cuando el demandado ya ha sido sentenciado dentro del rango de las directrices enmendadas después de que se aplique la reducción adicional de los puntos aplicados y los factores de § 3553(a) no respaldan una reducción adicional de la sentencia«.
Conforme al documento, explica que los factores a considerar de la 8 USC § 3553(a) son: la naturaleza y circunstancias del delito y la historia y características del acusado; la necesidad de que la sentencia impuesta cumpla ciertos objetivos, como reflejar la gravedad del delito, brindar una disuasión adecuada, proteger al público o las necesidades educativas, médicas o de tratamiento correccional del acusado; los tipos de sentencias disponibles; el rango de sentencia aplicable según las pautas; cualquier declaración de política pertinente de la Comisión de Sentencias; la necesidad de evitar disparidades injustificadas entre los acusados; y la necesidad de proporcionar restitución a cualquier víctima del delito.
