SANTO DOMINGO, República Dominacana.- Este martes la Corte de Apelación del Distrito Nacional revisará varios recursos depositados por algunos de los acusados en el caso de corrupción administrativa denominado Operación Coral.
En la Segunda Sala Penal de la Corte, conocerán la solicitud de Tanner Flete Guzmán, el hijo de la pastora Rossy Guzmán, una de las implicadas en la red de lavado producto de corrupción.
Mientras el coronel Rafael Núñez de Aza y Alejandro Montero Cruz se presentarán en la Tercera Sala de la Corte.
El exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), Adán Cáceres Silvestre, la pastora Rossy Guzmán Sánchez y otros involucrados, según el Ministerio Público, son acusados de corrupción, asociación de malhechores, estafa y otros delitos contra el Estado.
En abril la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) realizó 27 allanamientos realizados en el Gran Santo Domingo y varias provincias del país, las autoridades ocuparon bienes inmuebles y otras posesiones que fueron adquiridas con fondos que corresponden al erario.
La Pepca solicitó que el caso sea declarado de tramitación compleja, debido a la cantidad de imputados y a la gravedad de los hechos que les atribuyen en perjuicio del patrimonio público.
El órgano de la acusación detalla en un comunicado de prensa que sobre el grupo pesan acusaciones de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
Por el caso guardan prisión preventiva el mayor general Adán Cáceres Silvestre (principal imputado) y Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), así como el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la religiosa; el coronel policial Rafael Núñez de Aza, y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
Los imputados guardan prisión en los centros de corrección y rehabilitación de Najayo Hombres y Mujeres, en San Cristóbal.
Mientras que contra Raúl Alejandro Girón Jiménez se ordenó el arresto domiciliario por razones de seguridad, por cooperar con la investigación del Ministerio Público.