Washington.– La Administración del presidente Donald Trump está llevando oro venezolano a Estados Unidos, pero varias refinerías se han negado a procesarlo debido a dudas sobre el origen del metal y posibles vínculos de empresas y operaciones mineras venezolanas con corrupción, minería ilegal y grupos criminales, según una investigación publicada por The New York Times.
La investigación del diario estadounidense, que abarca desde las minas del sur de Venezuela hasta la Casa Blanca y casas comerciales europeas, sostiene que el nuevo vínculo entre Washington y la industria aurífera venezolana enfrenta cuestionamientos relacionados con la cadena de suministro. De acuerdo con fuentes citadas por el periódico, parte del oro habría salido de Venezuela antes de que empresas realizaran inspecciones independientes de las minas.
Según el reportaje, aviones transportaron oro venezolano hacia Estados Unidos y algunos de los cargamentos estarían relacionados con operaciones mineras en zonas donde grupos criminales ejercen control o cobran pagos a los mineros. Como consecuencia, partidas valoradas en cientos de millones de dólares permanecen almacenadas en Estados Unidos sin ser procesadas por las refinerías.
El principal obstáculo está relacionado con los controles aplicados por la industria internacional del oro. Las refinerías deben poder garantizar que el metal que reciben no esté vinculado con financiamiento de organizaciones criminales, corrupción, violaciones de derechos humanos, minería ilegal o daños ambientales. La incertidumbre sobre la procedencia de algunas partidas ha llevado a empresas estadounidenses a evitar su procesamiento.
Un acuerdo por hasta una tonelada de oro
El caso está relacionado con un acuerdo alcanzado en marzo de 2026 entre la empresa minera estatal venezolana Minerven y la comercializadora internacional Trafigura para suministrar entre 650 y 1.000 kilogramos de oro doré, una forma de oro parcialmente refinado, destinado al mercado estadounidense.
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El valor actual de una tonelada de oro venezolano involucrada en el acuerdo se estima en alrededor de 165 millones de dólares. Trafigura sería la encargada de transportar el metal hacia Estados Unidos para su posterior refinación y comercialización.
Sin embargo, la operación ha generado cuestionamientos sobre los mecanismos utilizados para verificar el origen del oro. Un informe del senador estadounidense Ron Wyden, presidente del Comité de Finanzas del Senado, señaló que el acuerdo plantea preocupaciones relacionadas con corrupción, derechos humanos, degradación ambiental y posibles vínculos con grupos criminales.
El mismo documento indica que Trafigura aseguró que su proceso de debida diligencia estaba en marcha. La empresa también ha señalado que las auditorías realizadas en algunos sitios inspeccionados no encontraron evidencias de violaciones de derechos humanos, financiamiento de conflictos, extorsión o participación de actores ilegales.
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Antecedentes con el oro venezolano
La controversia también tiene un antecedente durante el primer mandato de Donald Trump. En marzo de 2019, el Gobierno estadounidense incluyó el oro venezolano entre los sectores afectados por medidas contra el comercio relacionado con actividades consideradas ilícitas y vinculadas con corrupción y daños ambientales.
De acuerdo con el reportaje del New York Times, el nuevo acuerdo representa un cambio significativo respecto a esa política, al permitir que oro procedente de Venezuela vuelva a entrar al circuito comercial estadounidense.
El sector minero venezolano, particularmente en el sur del país, ha sido objeto durante años de denuncias relacionadas con minería ilegal, control territorial de grupos armados, abusos contra trabajadores y deterioro ambiental. Un informe del Departamento de Estado citado por el Senado estadounidense también había advertido sobre abusos y condiciones peligrosas en zonas mineras venezolanas.
Mientras las autoridades y las empresas involucradas buscan establecer mecanismos para garantizar la trazabilidad del metal, los cargamentos que ya llegaron a Estados Unidos permanecen almacenados a la espera de que las refinerías determinen si pueden certificar su procedencia y cumplir con los requisitos internacionales de debida diligencia.
