Barahona. -La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Barahona impuso hoy un año de prisión preventiva contra otros cuatro involucrados en transacciones fraudulentas con tarjetas del programa de ayuda social estatal Supérate y declaró el caso como complejo.
Fue dictada la medida en contra de Hansel Arturo Féliz Féliz, de 20 años de edad; Andy Reimi Ubiera, de 26 años; Francisco Andrés Sánchez, de 27, y Euris Bautista Sánchez, de 23, quienes deberán cumplirla en la cárcel pública de Barahona.
En representación de la Administradora de Subsidios sociales (ADESS), estuvieron en la audiencia los abogados; Ashell Hernández, Miguel Sandoval y la consultora jurídica de esa institución; Sol Ángel Rodríguez, entre tanto la información fue ofrecida por el Ministerio Público a través de un comunicado en el que indicó que la decisión fue adoptada por la jueza María Consuelo Valenzuela.
El Ministerio Público destaca que la denuncia de las acciones fraudulentas fue recibida de parte de ADESS en el transcurso de las investigaciones que desde hace alrededor de dos años realizan a nivel nacional sobre esos casos.
“La Fiscalía de Barahona, la Procuraduría Especializada Contra los Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat), de la Policía Nacional, han establecido en el proceso que el grupo fue arrestado en flagrante delito con 103 tarjetas del programa cuando se dirigían a hacer las transacciones en negocios de esta localidad”, emitió el comunicado.
Según el Ministerio Público, las investigaciones han permitido determinar que se trata de una estructura del crimen organizado que opera en varias regiones del país.
“Los integrantes de la red criminal se dedicaban a la clonación de tarjetas, a la estafa contra el Estado dominicano y contra los beneficiarios, a quienes le realizaban una suplantación de su identidad digital al utilizar las tarjetas clonadas a su nombre, en detrimento del propio programa, así como también a la violación a la ley de lavado de activos, la cual tiene como delito precedente los delitos de alta tecnología”, sostuvo.
El caso ha recibido la calificación jurídica de violación a varios artículos del Código Penal Dominicano, la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
Finalmente, se fijó la revisión para el 29 de junio del presente año.
