MONTE PLATA.- La decisión del Tribunal Colegiado de Monte Plata de otorgar libertad condicional al segundo teniente de la Policía Nacional, Rosario Bernardo Joseph, imputado por la muerte a tiros del adolescente Alexander Silva, de 16 años, desató indignación y protestas de los familiares, comunitarios y vecinos, quienes exigieron justicia por el hecho ocurrido en septiembre del pasado año, en el municipio de Sabana Grande de Boyá.
«Queremos justicia, que no tenemos en este país, es justicia que queremos«, vociferaba indignada la madre de Alexander Silva, quien murió de un balazo a manos del agente policial en momento de una supuesta persecución.
La jueza Hilda Nieves Sánchez Luna ordenó que el oficial cumpliera con una garantía económica de 5 mil pesos, se presentara periódicamente ante las autoridades —aunque no se precisó la frecuencia y mantuviera una orden de alejamiento hacia los familiares del menor, en sustitución de la prisión preventiva que inicialmente cumplía.
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Los familiares de Alexander Silva manifestaron su deseo de que se aplique todo el peso de la ley a los responsables de la muerte a tiros del menor de 16 años, además de expresar su inconformidad con la decisión de la jueza, argumentando que el oficial podría estar en una situación de privilegio mientras cumple la medida impuesta.
El caso captó la atención de la opinión pública desde que se conoció el hecho, luego de que la Policía admitiera que el disparo que acabó con la vida del joven se produjo durante un operativo encabezado por la unidad de la DICRIM de Bávaro, Punta Cana, en la citada comunidad.
En septiembre de 2024, Rosario Bernardo Joseph fue enviado a tres meses de prisión preventiva como medida de coerción inicial, mientras avanzaban las investigaciones del Ministerio Público y la Inspectoría General de la Policía Nacional.
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Los familiares del adolescente expresaron su inconformidad con la medida, calificándola como demasiado benigna ante la gravedad del caso. Aseguraron que continuarán exigiendo justicia hasta que se logre una condena ejemplar.
Al momento de la muerte del adolescente, un tío del fallecido, identificado como Juan Francisco Olivo, narró que a su sobrino otro hombre lo envió a buscar a su esposa, indicando que al parecer le pusieron un «gancho». Explicó que, al llegar, sin mediar palabras, un agente del DICRIM le dio un disparo en la nuca y lo arrastró hasta el centro médico.
Para Juan Francisco, a la persona que andaban buscando era con el fin de ejecutarlo en lo inmediato, agregando que el municipio se encontraba consternado ante la situación, debido a que Alexander no tenía nada que ver con lo ocurrido.
El proceso judicial seguirá en las próximas semanas con las audiencias de fondo, en las que se espera la presentación de nuevas pruebas y argumentos tanto de la defensa como del Ministerio Público, mientras se espera que sean incluidos otros oficiales que participaron en el lamentable hecho que terminó con la vida del menor.
