Santo Domingo. ― Los intentos para aprobar una nueva ley que reforme el actual régimen de seguridad social en el país han quedado «rezagados y engavetados» en la Cámara de Diputados, ya que desde hace meses un informe sobre la iniciativa se encuentra paralizado en la Secretaría Legislativa del órgano congresual.
La Ley 87-01 sobre Seguridad Social, vigente en República Dominicana desde el 2001, requiere de una revisión que se adapte con el sistema económico presente que predomina en el país y aunque ha sido anunciada su modificación como una prioridad en los distintos períodos congresuales la misma languidece en los archivos de la Cámara de Diputados.
Los intentos de crear una nueva ley ya han violado todos los trámites legislativos.
Una comisión bicameral trabajó durante dos años para elaborar una nueva ley que reestructure la seguridad social. Con ese fin, diputados y senadores encabezaron consultas públicas, debates con sectores ligados al tema y comparaciones con leyes similares de otros países y aunque su labor fue plasmada en un informe, el documento está congelado en las oficinas del Congreso.
Juan Dionisio Restituyo fue uno de los diputados miembros de la Comisión Bicameral, asegura que los intereses que mueve esa ley es lo que pudiera estar impidiendo su avance en el Órgano Legislativo.
El desinterés legislativo por ese tema, que vendría a mejorar el sistema, preocupa a la sociedad civil que considera No se puede seguir jugando con la salud de los dominicanos y la clase más pobre golpeada por la élite que dominan el sistema de seguridad social.
Entre las modificaciones que se establecieron en el informe de los congresistas está la posibilidad del retiro total de los fondos de pensiones, inclusión de la salud mental en el catálogo de servicios de atención, la creación de una Procuraduría Especializada para perseguir los delitos de la seguridad social, entre otras novedades.
Estas organizaciones sociales esperan que los próximos representantes en el Congreso que resulten electos pueda vencer la burocracia y oligarquía que impide una nueva ley de seguridad social.
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