REDACCIÓN INTERNACIONAL.- Las reclusas de la mayor cárcel de mujeres de Honduras llevaban semanas quejándose de que las integrantes de una pandilla las estaban amenazando.
Según las autoridades, la banda cumplió el martes con esas amenazas y asesinó a 41 mujeres, muchas ellas quemadas, tiroteadas o apuñaladas.
La presidenta hondureña, Xiomara Castro, afirmó que el motín en la localidad de Támara, unos 50 kilómetros al noroeste de Tegucigalpa, fue “planificado por maras a vista y paciencia de autoridades de seguridad”.
Castro se comprometió a tomar “medidas drásticas”, pero no explicó cómo las reclusas identificadas como miembros de la pandilla Barrio 18 pudieron introducir armas y machetes en la prisión, o desplazarse libremente a un bloque de celdas contiguo y masacrar a todas las presas que allí se encontraban.
Los vídeos difundidos por el gobierno desde el interior de la prisión mostraban varias pistolas y muchos machetes y otras armas blancas encontradas tras el motín.
Sandra Rodríguez Vargas, comisionada adjunta ante la Comisión Interventora de Centros Penales, dijo que las atacantes “desalojaron” a los guardias del centro -ninguno parecía haber resultado herido- hacia las 8 de la mañana del martes y, a continuación, abrieron las puertas de un bloque de celdas contiguo y comenzaron a asesinar a las internas. Provocaron un incendio que dejó las paredes de las celdas ennegrecidas y las literas reducidas a retorcidos montones de metal.
Al menos siete reclusas eran atendidas en un hospital de Tegucigalpa por heridas de bala y arma blanca, según informaron autoridades del Hospital Escuela.
Parecía una tragedia anunciada, según Johanna Paola Soriano Euceda, que esperaba fuera de la morgue de Tegucigalpa noticias sobre su madre, Maribel Euceda, y su hermana, Karla Soriano. Ambas estaban siendo juzgadas por tráfico de drogas, pero estaban recluidas en la misma zona que las presas condenadas.
En ocasiones, las bandas exigen a sus víctimas que “entreguen” a un amigo o pariente dándoles su nombre, dirección y descripción, para que los pandilleros puedan encontrarlos más tarde y secuestrarlo, robarle o matarlo.
Los funcionarios describieron los asesinatos como un “acto terrorista”, pero también reconocieron que las bandas habían dominado esencialmente algunas partes de la prisión.
