Santo Domingo.- “Todo el que ha sustraído dinero del Estado en el caso de SeNaSa va a estar sentado en el banquillo de los acusados”, aseguró este martes el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
Camacho indicó que, tal como sucedió con los procesados en la primera etapa del proceso, los involucrados en la estructura de corrupción administrativa que afectó a los afiliados del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), enfrentada mediante la Operación Cobra, comparecerán en las versiones que sean necesarias conforme avance el ciclo de la investigación.
El Ministerio Público procesa a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa y señalado como cabecilla del entramado de corrupción, junto a Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ada Ledesma Ubiera y Ramón Alan Speakler Mateo, quienes apelaron los 18 meses de prisión preventiva impuestos en diciembre por el juez de la Oficina de Atención Permanente, Rigoberto Sena Ferreras.
Asimismo, son procesados Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, quienes cumplen arresto domiciliario, además de garantía económica e impedimento de salida del país.
El titular de la Dirección General de Persecución se refirió al tema al salir de la audiencia celebrada por los jueces Isis Muñoz, Teófilo Andújar y Luis Omar Jiménez, de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, quienes aplazaron el proceso para el 3 de febrero, a las 9:00 de la mañana.
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“No hay razones, en términos jurídicos, para que la decisión del Tribunal de Atención Permanente sea variada. La gravedad de los hechos es descomunal y justifica la medida de coerción impuesta, la cual defenderemos a capa y espada”, expresó Camacho a la prensa.
El procurador adjunto aclaró que el Ministerio Público estaba listo para conocer la audiencia, pero esta fue aplazada debido a que la imputada Ada Ledesma Ubiera se presentó sin abogado.
Sobre la ampliación de la investigación, Camacho reiteró que el órgano acusador trabaja para presentar, en el menor tiempo posible, una versión 2.0 de la Operación Cobra.
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“Nosotros nunca nos detenemos. Seguimos trabajando con la versión judicializada y avanzamos a toda marcha para llevar ante los tribunales la siguiente fase del proceso”, afirmó.
Ante declaraciones de un abogado de la defensa que apeló las medidas, Camacho consideró que se trató de una provocación y aseguró que el Ministerio Público actúa conforme a la ley y a su conciencia institucional.
Entre los delitos imputados figuran coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
Según la acusación, los imputados afectaron al SeNaSa y a más de 7 millones de afiliados, con un perjuicio económico estimado en más de 15 mil millones de pesos.
