SANTO DOMINGO.– El juez de la instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, Napoleón Estévez Lavandier, ha sido apoderado de la acusación formal contra la diputada Rosa Amalia Pilarte López, por delitos de narcotráfico y lavado de activos, en virtud del privilegio de jurisdicción que le corresponde.
La solicitud de apertura a juicio contra la diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM) fue presentada por los procuradores adjuntos Fernando Quezada e Isis de la Cruz Duarte. Ahora, el Ministerio Público está a la espera de que el juez fije el auto de audiencia preliminar.
La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, había instruido previamente investigar a la diputada Rosa Amalia Pilarte López por su presunta implicación en delitos de narcotráfico y lavado de activos.
La diputada Pilarte López es imputada en el expediente que involucra a su esposo, Miguel Arturo López Florencio (Miky López), y a sus dos hijos, Ada María Pilarte y José Antonio Román. El Ministerio Público presentó acusaciones contra ellos en la jurisdicción de La Vega.
Según la acusación, diversas empresas, incluyendo Auto Crédito Selecto, Servi Crédito Selecto, Agropecuaria Gloria Ivette e Inmobiliaria Gloria Ivette, se utilizaban como fachada para lavar miles de millones de pesos y dólares obtenidos por actividades relacionadas con el narcotráfico.
La organización criminal, a la que también pertenece el prófugo extraditado Pablo Antonio Martínez Javier, ha sido acusada de movilizar más de RD$2,000 millones entre 2007 y 2019. Durante el proceso de investigación, se incautaron 111,722 pastillas de éxtasis en marzo de 2019.
El caso implica violaciones a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, así como a la anterior norma en esa materia, la 72-02. Además, el grupo infringió las leyes 11-92 sobre Régimen Tributario y 183-02 Monetaria y Financiera.
La acusación contiene un amplio conjunto de pruebas documentales, materiales, testimoniales, audiovisuales y periciales que serán utilizadas para demostrar la culpabilidad de los implicados en el caso. Durante la investigación, se realizaron ocho incautaciones en 17 propiedades de lujo en el Distrito Nacional y las provincias de La Vega, Puerto Plata, Espaillat y La Romana, todas valoradas en miles de millones de pesos.
