Brasil.- La corte de Brasil anuló las pruebas usadas contra el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, quien responde por cargos de corrupción ante la Justicia de su país, informó la máxima corte brasileña.
José Dias Toffoli, magistrado, extendió a Glass una decisión para anular pruebas que benefició a políticos brasileños que también fueron investigados en el caso Odebrecht, entre ellos el actual vicepresidente, Geraldo Alckmin.
Glass, que fue vicepresidente en el Gobierno del progresista Rafael Correa (2007-2017), salió en 2020 de una cárcel de la ciudad andina de Latacunga por una orden judicial, pese a que las autoridades del país rechazaron el otorgamiento de dicho beneficio.
El magistrado Dias Toffoli atendió así un pedido de la defensa del político ecuatoriano después de que las pruebas obtenidas a partir de un sistema interno de la constructora Odebrecht fueron consideradas como inválidas por el alto tribunal.
Las pruebas contra políticos acusados de recibir sobornos, obtenidas en los sistemas Drousys y My Web Day B, usados en el acuerdo de colaboración de Odebrecht, están «contaminadas» y «no pueden ser utilizadas», según decidió la corte.
Estas pruebas contra Glass «son nulas y, por tanto, no pueden apoyar las acusaciones» en su contra cuando era ministro de Sectores Estratégicos en Ecuador, profirió Dias Toffoli.
Por la decisión tomada en la corte fueron beneficiados, además de Alckmin, los exgobernadores de Río de Janeiro Sérgio Cabral y Anthony Garotinho, quienes llegaron a estar presos por otros casos de corrupción.
Drousys y My Web Day B, servidores del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, eran utilizados para la realización de los pagos de sobornos a funcionarios de varios gobiernos latinoamericanos y que eran identificados por sobrenombres.
Los datos de esos servidores llegaron a ser utilizados para incriminar al actual presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, pero los peritos de la Policía Federal admitieron que los mismos podrían ser adulterados y eso contribuyó para anular sus condenas.
El exvicepresidente fue beneficiado con un recurso de hábeas corpus después de ser condenado a ocho años de prisión por casos de corrupción y tras la decisión a su favor fue confinado a arresto domiciliario.
