NACIONALES.- El Ministerio Público cuenta con 789 elementos de prueba para sustentar la solicitud de medida de coerción contra los 25 imputados del caso Cobra 2.0-A, a quienes acusa de participar en un esquema mediante el cual se habrían sustraído fondos públicos del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Entre las evidencias figuran 307 pruebas testimoniales, incluyendo declaraciones de afiliados que habrían sido afectados por la presunta red. También fueron incorporadas 76 pruebas periciales, entre ellas análisis realizados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) que, según el órgano acusador, determinaron que firmas atribuidas a afiliados no se corresponden con sus rasgos caligráficos.
El expediente incluye además 234 pruebas documentales, 90 materiales y 82 procesales, con las que la Fiscalía busca sustentar su petición de 18 meses de prisión preventiva y que el proceso sea declarado complejo. La investigación ha cuantificado hasta el momento una presunta sustracción de fondos públicos superior a 40 millones de pesos.
A los 25 imputados se les atribuyen cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de sobornos, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos. El Ministerio Público sostiene que ha identificado evidencias de presuntos sobornos a gran escala, adulteración de estados financieros y programas especiales sin sustento jurídico que habrían sido utilizados para distraer recursos.
Para ejecutar la denominada operación Cobra 2.0-A participaron 45 fiscales, 200 agentes de la Policía Nacional y 16 miembros de unidades de investigación criminal, mientras que la Dirección Nacional de Investigación (DNI) también colaboró bajo la coordinación del Ministerio Público. El órgano acusador sostiene que el esquema habría involucrado a funcionarios de SeNaSa y prestadores de servicios de salud, en perjuicio del Estado dominicano.
