Redacción.- La introducción de penas de prisión por manipulación digital en Panamá ha encendido el debate público. Diversos gremios periodísticos han advertido sobre los riesgos de las nuevas reformas al proyecto de ley 51, que propone modificar el artículo 196 del Código Penal para sancionar con cárcel la generación y difusión de material creado mediante inteligencia artificial o edición digital cuando se dañe el honor de una persona.
La propuesta establece penas que van de tres a seis años de cárcel para quienes elaboren o distribuyan este tipo de contenido. Si la infracción ocurre por redes sociales, plataformas digitales o de forma anónima, la pena puede aumentar hasta siete años.
Según la impulsora de la reforma, la actual legislación resulta insuficiente ante los desafíos de la tecnología moderna. La diputada ha señalado que el objetivo es proteger especialmente a menores, familias y personas con discapacidad frente a los riesgos de la manipulación tecnológica.
La legisladora explicó que estas tecnologías, utilizadas de forma indebida, pueden hacer que alguien aparezca diciendo o haciendo cosas que nunca dijo ni hizo, o que sea colocado falsamente en situaciones vergonzosas, ofensivas, deshonrosas o perjudiciales para su vida personal, familiar, profesional o pública.
La iniciativa establece que cuando los supuestos ofendidos sean alguno de los servidores públicos de que trata el artículo 304 de la Constitución Política, funcionarios de elección popular o gobernadores, no se impondrá la sanción penal, lo cual no excluye la responsabilidad civil derivada del hecho.
Esta exención no será aplicable cuando el autor atribuya al servidor público un hecho falso, a sabiendas de su falsedad, con el propósito de dañar su honra, y lo difunda públicamente a través de redes sociales o plataformas digitales.
El punto que ha generado mayor inquietud entre los principales gremios de prensa es la posibilidad de que la nueva normativa termine restringiendo la crítica pública y la fiscalización a funcionarios.
El Consejo Nacional de Periodistas, el Foro de Periodistas, la Asociación Panameña de Radiodifusión y la Asociación de Periodistas de Chiriquí han manifestado que una ley pensada para delitos tecnológicos podría utilizarse para criminalizar la opinión o la denuncia ciudadana.
