SANTO DOMINGO.– Los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago condenaron este jueves a 30 años de prisión al cabo de la Armada Víctor Manuel Saldaña Hernández, alias Julio, por el asesinato del médico perinatólogo Enrique Antonio Espinal Castillo, tras valorar las pruebas que permitieron reconstruir el recorrido realizado por el acusado desde Santiago hasta San Cristóbal.
El tribunal también ordenó al condenado pagar RD$4 millones como indemnización civil a la parte afectada. La decisión fue adoptada por unanimidad por los jueces Rubén Darío Cruz Uceta, presidente; Rubén Rodríguez y Jasmín de los Santos.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Espinal Castillo salió de su residencia en Villa Olga, Santiago, y se dirigió hasta Los Guandules, en Hato del Yaque, donde se encontró con Saldaña Hernández. Horas después, el médico fue asesinado tras recibir golpes contusos en el cráneo y el rostro.
La investigación estableció que el acusado trasladó el cadáver en el baúl de una yipeta Hyundai Tucson blanca, propiedad de la víctima, hasta un terreno baldío de La Costa de Rafelito, en Sabana Grande de Palenque, San Cristóbal, donde fue encontrado el 5 de agosto de 2024.
Entre las pruebas presentadas durante el juicio figuran las imágenes y registros del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, utilizados por la Fiscalía de Santiago para reconstruir el desplazamiento del acusado desde el lugar donde ocurrió el crimen hasta San Cristóbal. También fueron incorporadas pruebas materiales, documentales, videográficas y testimoniales.
La Fiscalía de Santiago, a través de su Departamento de Violencias Físicas, inició las investigaciones tras la desaparición del médico y posteriormente recopiló las evidencias que vincularon al cabo con el crimen. El proceso judicial fue litigado por la fiscal Jenniffer Rodríguez.
El Ministerio Público sostuvo ante el tribunal que Saldaña Hernández planificó y ejecutó el asesinato, por lo que fue acusado de violar los artículos 379, 382, 295 y 304 del Código Penal dominicano. Con la sentencia, el condenado deberá cumplir 30 años de prisión.
