Redacción.- Juan Pablo Segura, subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, celebró este lunes la decisión de las autoridades de República Dominicana de clausurar una fábrica de cartón de capital chino que operaba sin permisos en San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo.
El funcionario sostuvo que la inversión extranjera debe respetar las normas laborales, comerciales y de seguridad de los países donde desarrolla sus actividades. “Felicitamos a las autoridades de la República Dominicana por tomar una acción decisiva para cerrar una enorme fábrica ilegal de cartón operada por chinos en Santo Domingo”, escribió Segura en su cuenta oficial de X.
En el mensaje, el funcionario señaló que el establecimiento funcionaba sin autorizaciones, tenía un depósito irregular de combustible y vulneraba disposiciones laborales mediante la contratación ilegal de trabajadores extranjeros.
“Una verdadera asociación económica requiere transparencia, competencia justa y adhesión al Estado de derecho”, agregó Segura, cuyo pronunciamiento supone un respaldo público de Washington a las medidas aplicadas por el Gobierno dominicano contra la empresa.
La publicación se conoció en medio de una serie de inspecciones y clausuras de comercios e instalaciones industriales de capital chino en República Dominicana. Las autoridades locales identificaron irregularidades vinculadas con obligaciones tributarias, condiciones de empleo, seguridad laboral, permisos comerciales y normas sanitarias.
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La fábrica intervenida, en Pata de Palma
La compañía mencionada por Segura es Fábrica Cartesa, situada en la comunidad de Pata de Palma, en San Antonio de Guerra. El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes intervino el establecimiento el 29 de octubre, a través del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom).
Según la información divulgada por las autoridades y recogida por Diario Libre, diario dominicano, la empresa no contaba con el certificado de uso de suelo ni con las autorizaciones requeridas para operar.
En el operativo participaron la Dirección General de Migración (DGM) y el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mived).
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El complejo incluía tres naves industriales y un edificio de cuatro niveles que se utilizaba para oficinas y residencias. Durante la inspección, los agentes detectaron un depósito de combustible que no cumplía con los requisitos de la Ley 112-00 de Hidrocarburos.
Los inspectores decomisaron un tanque con capacidad para almacenar 5.000 litros y retuvieron 1.000 galones de gasoil. El valor de los bienes incautados fue estimado en RD$ 2,25 millones, equivalentes a unos USD 37.031.
El Mived ordenó la paralización de las obras por infracciones a la Ley 687-82 sobre edificaciones. La DGM verificó la condición migratoria y laboral de los trabajadores extranjeros contratados por la empresa.
Tras la intervención, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, afirmó que República Dominicana mantiene abierta la puerta a la inversión extranjera, aunque remarcó que todas las compañías deben ajustarse a la legislación nacional.
Inspecciones a 101 comercios de capital chino
El pronunciamiento de Segura se produjo después de operativos estatales que alcanzaron a establecimientos de capital chino en Santo Domingo y otras provincias. En octubre, el Ministerio de Trabajo inspeccionó 101 tiendas y plazas comerciales ubicadas en el Distrito Nacional, Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Altagracia.
Las fiscalizaciones derivaron en 1.016 actas de infracción, de las cuales 42 fueron remitidas a los tribunales. Entre las anomalías detectadas figuraron incumplimientos del descanso semanal, falta de pago de horas extras, problemas en el pago de bonificaciones y contratación de extranjeros fuera de las condiciones previstas por la normativa.
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La declaración de Segura coloca el caso de Fábrica Cartesa en un plano de mayor exposición internacional y vincula el cumplimiento de las regulaciones dominicanas con los principios de transparencia y competencia en las relaciones económicas.
